Pensando la economía y el futuro de todos

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentará el próximo martes en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2021, que prevé un déficit equivalente al 4,5% del PBI y que destinará más del 60% de los recursos a gastos sociales, informaron esta tarde fuentes parlamentarias. De esta manera, el Gobierno cumplirá con las disposiciones de la Ley de Administración Financiera que establece como fecha tope al 15 de septiembre para presentar esta iniciativa, en la que se establece la previsión de gastos y recursos para el año siguiente. Será el primer presupuesto de la administración del presidente Alberto Fernández, ya que descartó en su momento la propuesta que había presentado el gobierno de Mauricio Macri antes de la elección presidencial y optó por prorrogar el que estaba vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. Guzmán brindará detalles del proyecto de gastos y recursos para 2021 en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto, que conduce Carlos Heller (Frente de Todos) que se realizará mediante el sistema de videoconferencia, tal como está habilitado en el protocolo de funcionamiento virtual del cuerpo legislativo. En el temario de la citación a la comisión también se incluyó el tratamiento del aporte solidario a las grandes fortunas, que grava por única vez a quienes hayan declarado un patrimonio de más de $200 millones de pesos, en el marco de la pandemia. Además, forma parte de la convocatoria el proyecto de ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional (FGS), enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y que establece que no se usarán los recursos de esas acciones para pagar la ley de reparación histórica de Mauricio Macri y se reprograman deudas entre las provincias y la Anses. Estos proyectos comenzarán a ser analizados luego de que este martes oficialismo y oposición acordaran la prorroga de las sesiones virtuales. Juntos por el Cambio se oponía a la continuidad de esta modalidad para tratar temas conflictivos, entre los que se encontraba el impuesto a las grandes fortunas. Finalmente, el acuerdo establece que un mínimo de 10 diputados nacionales pueda pedir una sesión presencial para la que se dispondrá un entorno más amplio que la Cámara de Diputados. En tanto, los legisladores pertenecientes a grupos de riesgo podrán seguir sesionando a distancia.