Pedirán 18 años de cárcel para acusado de abusos

La causa se remitió a juicio a puertas cerradas ya que se dirimirán al menos seis abusos contra mujeres en estado de vulnerabilidad.

Antonio José Luis Cardoso, empleado estatal y curandero, es investigado por la presunta comisión los delitos de Abuso sexual con acceso carnal reiterado, primer; Abuso sexual con acceso carnal, segundo hecho; Abuso sexual con acceso carnal reiterado, tercer hecho; Abuso sexual simple reiterado y amenazas calificadas, en concurso real, cuarto hecho; Abuso sexual con acceso carnal, quinto hecho; y Abuso sexual gravemente ultrajante, en concurso real con el delito de Abuso sexual con acceso carnal, sexto hecho, todos en concurso real, y consumados en quebrantamiento de la ley de Violencia de Género. La jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli, resolvió remitir la causa a juicio oral a puertas cerradas. En el proceso se determinará la responsabilidad que le cabría a Cardoso en perjuicio de al menos seis mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, que se contactaron con el imputado para obtener un trabajo o porque padecían dolencias de distinta índole. Participaron de la audiencia, los querellantes Boris Cohen y Marcos Rodríguez Allende; el fiscal, Leandro Dato; y la defensora, Corina Beisel. Las acusaciones sostienen que «las conductas desplegadas por Cardoso, no sólo se probaron en los casos concretos, sino que además, contamos con el relato de otras mujeres que fueron víctimas de hechos como los imputados, pero que por cuestiones procesales y/o formales, no se logró su imputación». Las fuentes consultadas explicaron que los casos prescribieron por el paso del tiempo. Así, los casos que habría cometido el sospechoso comprenderían a más víctimas. En este sentido, las acusaciones indicaron que «a través de estos relatos, es que podemos reforzar las narraciones de las víctimas que se analizaron precedentemente, ya que se señalan hechos de similares características, los mismos artificios utilizados por Cardoso no sólo para cometer los hechos, sino también para asegurar el silencio de las víctimas y así, su impunidad. Además, se logran localizar y describir los espacios físicos en los que se cometieron los hechos imputados, así como los vehículos utilizados para trasladar a las jóvenes, y las oficinas públicas u organismos de los que se valió el imputado para lograr la confianza de las víctimas».

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