El Panel de Expertos de Naciones Unidas ha concluido que las recientes elecciones en Venezuela no cumplieron con los estándares de «integridad y transparencia» necesarios, según un informe recientemente divulgado. El documento, dirigido inicialmente a las autoridades electorales venezolanas y al secretario general de la ONU, António Guterres, ha generado una fuerte reacción por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El informe señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela no ha publicado, hasta el momento, los resultados detallados que respalden sus anuncios orales. Los enviados de la ONU, quienes estuvieron presentes en el país antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que resultaron en la reelección de Maduro según datos de la justicia local, observaron que el proceso de gestión de resultados no cumplió con las normas básicas de transparencia e integridad requeridas para elecciones creíbles. Además, el CNE no siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y se incumplieron todos los plazos establecidos.
El informe destaca la falta de publicación de las actas del escrutinio y critica el manejo de los resultados por parte del CNE, advirtiendo que esto comprometió la credibilidad del proceso electoral.
En respuesta, el gobierno venezolano ha manifestado su rechazo «en los términos más enérgicos» a las recientes declaraciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk. El gobierno de Caracas cuestionó las opiniones de Turk sobre la regulación de organizaciones no gubernamentales y un proyecto de ley para erradicar el «fascismo», que han sido objeto de críticas por parte del alto comisionado.
El comunicado oficial del gobierno venezolano acusa a Turk de actuar en favor de «poderes imperiales», afirmando que se ha convertido en un «acusador» contra el Gobierno Bolivariano y en un «blanqueador» de la violencia que, según el gobierno, atentó contra la paz y tranquilidad de los venezolanos. Además, el comunicado critica la presunta omisión de Turk sobre los eventos violentos que ocurrieron después de las elecciones del 28 de julio, a las que Caracas considera como un intento de golpe de Estado.
El gobierno venezolano también defiende que la regulación de las organizaciones no gubernamentales y las leyes contra el fascismo y el nazismo son prácticas comunes a nivel global, y que las medidas adoptadas en Venezuela están en línea con estas normativas internacionales.
El informe del Panel de Expertos de la ONU y las declaraciones del gobierno venezolano reflejan una creciente tensión en torno al proceso electoral y la percepción internacional de la situación en Venezuela.
