El Consejo Directivo del INTA avanza en un nuevo plan de ajuste del organismo con retiros voluntarios, cierre de agencias rurales experimentales y el remate de miles de hectáreas de campo.
El gobierno nacional vuelve a la carga con un programa de desguace del INTA que podría ser aprobado por su Consejo Directivo la próxima semana.
En el acta constitutiva de la reunión de directorio llevada adelante el último jueves, las autoridades nacionales sostuvieron que “durante los últimos años, el organismo fue desvirtuado de su propósito original, con altos niveles de ineficiencia, mala administración de los recursos públicos, siendo utilizado como herramienta de militancia política, y con un enfoque muy alejado de las necesidades reales del sector agroindustrial”.
Con ese preludio eufemístico, los directivos del INTA que responden directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, explicitaron su programa de “despidos encubiertos” vía retiros voluntarios, el cierre de las Estaciones Experimentales –claves para los desarrollos territoriales de los pueblos agropecuarios y la transferencia de tecnología– y el remate de miles de hectáreas de campos bajo titularidad del organismo.
El próximo lunes, el Consejo Directivo, a cargo de Nicolás Bronzovich, mantendrá una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta y al día siguiente se pautó una reunión extraordinaria del Consejo.
Jibarización del organismo
La iniciativa del Poder Ejecutivo vuelve a la carga con lo que no pudo lograr a través del DNU 462/25, frenado por una medida cautelar y luego rechazado por el Congreso, ahora pretende concretarlo a través de la simple firma de su Consejo Directivo.
“A los gastos fijos que el INTA debe afrontar en concepto de servicios y mantenimiento de las 293 Agencias de Extensión Rural en todo el país, hay que añadirle el costo de alquiler del 12% de ellas. De las cuales, el 65% funcionan con menos de 4 personas, y de ese porcentaje, el 18% operan como oficinas privadas de una sola persona”, se lee en el documento firmado el jueves pasado.
Con este argumento, el organismo abrirá un nuevo proceso de retiros voluntarios; sería para los trabajadores de planta que tengan más de 3 años de antigüedad y menos de 64 (edad de jubilación).
“El INTA es una institución de gran envergadura, con aproximadamente 6.000 agentes (de los cuales sólo 2.700 tienen carreras afines al sector) y alrededor de 400 sedes en todo el país”, se afirma en el acta de la reunión.
Detrás de la reformulación organizativa de los centros de investigación y estaciones experimentales se esconde la intención de reducir la presencia del organismo en el territorio, salvo en aquellos casos en que sean convocados por las grandes corporaciones de las cadenas agroindustriales del país.
El Gobierno se propone unificar los Centros de Investigación y los Centros Regionales y crear una dirección nacional. En total, pretende derogar 30 unidades administrativas del INTA.
De un total de 15 unidades regional, se dejarán en pie solo cinco que serán reagrupadas en macro regiones (Noroeste (NOA), Noreste (NEA), Centro, Cuyo y Sur).
El documento confirma que van por las Estaciones Experimentales, actualmente 53 distribuidas en todo el país. “Se propone realizar una evaluación y racionalización, a fin de definir cuáles resultan necesarias para cumplir adecuadamente con las funciones de investigación e innovación aplicada”. Y agrega: “En función de ello, se propone mantener una Estación Experimental por cada una de las 23 provincias. El Consejo Directivo definirá cuáles continuarán operativas y qué especialización productiva o tecnológica asumirá cada una”. Es decir, buscan desmantelar 30 estaciones.
Programas de investigación
El INTA desmantelará programas que no considere estratégicos para dejar en pie las investigaciones que sean de utilidad para los sectores más rentables y concentrados de las cadenas agroindustriales.
En total, podrían desmantelarse 43 proyectos. En paralelo, se invitará al sector privado para que presentar hasta 20 proyectos que recibirán financiamiento del Estado.
En particular, el INTA se propone revisar con el objetivo de dar de baja proyectos vinculados a la gestión de los recursos naturales y la mitigación de los impactos ambientales.
Se insiste con la derogación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (Cipaf) por no considerarlo estratégico.
Otros proyectos que serán analizados para darlos de bajo tienen que ver con la “determinación de usos productivos, valoración económica y recomendaciones participativas para la gestión sostenible de los humedales”, entre otros.
