La diputada nacional Blanca Osuna presentó un reclamo administrativo ante la Casa de Gobierno de Entre Ríos por presunto incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. La legisladora fundamenta su pedido en la falta de publicación del convenio de “Permiso de Uso Oneroso” firmado el 28 de octubre de 2024 entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y la empresa PTP Warrant S.A.
Según explicó en su cuenta de X, Osuna denunció que pese a haber realizado cuatro solicitudes formales —en noviembre de 2024, febrero y mayo de 2025— las respuestas oficiales fueron “parciales, omisivas o derivadas a otros organismos sin resolución concreta”. También recordó que el 12 de junio de este año presentó un reclamo ante el Instituto Portuario, el cual terminó derivando la responsabilidad a otras áreas sin brindar hasta el momento una contestación.
La diputada subrayó la gravedad de la situación, ya que el acuerdo regula el uso de un puerto estratégico para la provincia, clave en la salida de la producción regional, en la generación de empleo y en el desarrollo económico. “La falta de transparencia impide controlar el cumplimiento de obligaciones laborales, ambientales y turísticas esenciales para la zona”, remarcó.
En ese sentido, recordó el episodio ocurrido entre marzo y junio de este año, cuando la empresa PTP Warrants S.A. descargó y almacenó a cielo abierto unas 5.000 toneladas de azufre en el Puerto de Ibicuy, exponiéndolas a la lluvia y al viento. La legisladora advirtió que ese manejo representó un riesgo ambiental y sanitario para trabajadores, comunidades vecinas y actividades vinculadas al turismo, la pesca y los deportes en la ribera del Paraná Ibicuy.
Osuna reclamó al Gobierno provincial que publique de manera íntegra el convenio con la empresa, los estudios y certificados ambientales exigidos, el estado de las obras comprometidas, los registros de facturación y pago del canon, así como las medidas de protección sanitaria y protocolos de remediación ante posibles derrames o contaminación.
Finalmente, cuestionó al gobernador Rogelio Frigerio por no dar cumplimiento a la Ley provincial de Acceso a la Información Pública, sancionada en febrero de este año por iniciativa del propio mandatario. “Resulta paradójico que quien impulsó esta norma como un símbolo de transparencia sea el principal responsable de funcionarios que no responden a los pedidos de información. El gobernador debe predicar con el ejemplo y cumplir la ley”, expresó Osuna, al exigir “respuestas claras en defensa del derecho a la información, la producción, el ambiente y la salud”.
