A casi dos años del accidente en la ruta 39 que costó la vida a cuatro jóvenes, el exfuncionario provincial Juan Ruiz Orrico, declarado culpable de homicidio culposo, continúa en libertad mientras apela la condena de cinco años y ocho meses de prisión, en un proceso judicial marcado por demoras y excusaciones que prolongan el calvario de las familias.
Lorena Dubini, madre de Brian y Lucas Izaguirre, dos de las víctimas fatales, lo expresó con crudeza: «Se declaró culpable y ahora está apelando para obtener una reducción de la pena. Si está arrepentido, que cumpla la condena que la Justicia le dictó y nos deje hacer el duelo en paz». Sus palabras resumen la indignación de cuatro familias que, desde abril de 2024, esperan que el responsable pague por lo que hizo.
Ruiz Orrico, ex titular del Instituto Portuario Provincial, conducía alcoholizado un vehículo oficial cuando protagonizó el siniestro que terminó con la vida de Brian Izaguirre (26), Lucas Izaguirre (32), Axel y Leo. La Justicia lo condenó a cinco años y ocho meses de prisión, pero la sentencia no está firme. El condenado apeló y ahora la causa duerme en Casación.
«Son cinco años y ocho meses porque no tenía antecedentes, porque siempre estuvo a derecho. Eso tuvo en cuenta el juez para no darle los seis años. Igual nos parece una condena irrisoria», cuestionó Dubini. Y agregó un dato que revela la trama de privilegios que rodea al caso: «Si va Concordia se van a volver a excusar todos los jueces porque ahí trabaja su esposa. Si va Paraná también su esposa es jueza suplente. Es un dilatar constante para que él no vaya preso».
Mientras las familias cuentan cada día sin sus hijos, el homicida confeso rehace su vida. «Sigue sonriendo, sigue abrazando a sus hijos, sigue haciendo comidas en familia, cosa que a nosotros se nos prohibió desde el momento que él decide salir alcoholizado en un auto oficial y termina matando a nuestros gurises», denunció la madre.
La defensa de Ruiz Orrico ofreció 150 millones de pesos como reparación para las cuatro familias, un gesto que Dubini interpretó como «una estrategia de sus abogados defensores para verse bien ante los ojos del juez». La propuesta fue rechazada: «La vida de nuestros gurises no tiene precio. Nada mitiga el dolor, lo único que nos puede traer un poquito de paz es que él cumpla la pena impuesta».
El caso expone las fisuras de un sistema penal que parece inclinarse hacia los derechos del victimario en desmedro de las víctimas. Un código que, en palabras de Dubini, «le da herramientas al culpable y le cierra la puerta a la víctima». La causa atravesó siete meses sin jueces porque todos se excusaban. Ahora, en Casación, el tiempo corre a favor del condenado.
A un año y diez meses del hecho, la pregunta es inevitable: ¿cuánto más deberán esperar estas familias? La respuesta está en manos de la Justicia, que tiene la obligación de expedirse sin más dilaciones. Orrico debe pagar. No hay atenuante que justifique seguir postergando el momento de que cumpla la condena que él mismo aceptó al declararse culpable. Las víctimas y sus familias merecen, al menos, poder iniciar el duelo en paz.
