Numerosas organizaciones ambientalistas e intermedias y grupos de vecinos, entre ellos de Concepción del Uruguay, elevaron una nota a la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Producción del Senado de Entre ríos, de cara al tratamiento del proyecto de ley -cuyo autor es el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes-, referido al uso de suelo en humedales e islas, así como a la Comisión de Ambiente.
La nota
En el escrito se exponen las preocupaciones surgidas de analizar el tema objeto del encuentro. Al respecto, se considera que el artículo 1 determina “legislar para una porción de los humedales e islas, dejando por fuera a algunos propietarios que podrían darle un uso diferente al que la ley establecería, siendo que el ordenamiento territorial para el ecosistema debe ser independiente de si su dominio es público o privado. “Que los territorios considerados son bienes comunes de incalculable valor ecosistémico no sólo para el pueblo de nuestra provincia sino, también, parte de la Mesopotamia, uno de los tres reductos de humedales más importantes del mundo. Que la integridad de los humedales se considera de interés colectivo, ya que su funcionamiento o las consecuencias de su uso inapropiado afectan mucho más que el espacio físico que ocupan o quiénes detenten su uso. Que dicho proyecto en su artículo 2 pone a la Secretaría de la Producción de Entre Ríos (a la que le da la facultad de autoridad de aplicación) en control de dichos territorios, estableciendo para la misma cierta clase de superpoderes como se desprende de la lectura de sus atribuciones “Que también dicho proyecto determina condiciones que pueden calificarse de ‘tramposas’, como la del ‘procedimiento público’, establecido en el artículo 4 que, posteriormente en el 5, deja nuevamente en control de la autoridad de aplicación quién determinará y fijará dicho procedimiento (poniendo el control en manos de los supuestos controlados), o cambiar el nombre de humedales por el menos llamativo de “anegadizos”; incluso, el autor se reserva (por causa directa de sus varios cargos públicos) el accionar legal que asegure la desocupación de las tierras afectadas que posteriormente serían nuevamente entregadas bajo las condiciones y dominio que este proyecto promueve. “Que del análisis más primitivo del proyecto se desprende que sus evidentes y primeras consecuencias serían: legitimar el estado actual de los permisos de uso de suelo con fines de explotación productiva otorgados por la provincia (permisos cuya información pública se desconoce), aumentar el ecocidio que actualmente se genera por causa de los incendios intencionales en el Delta, permitir la expansión de la frontera agroindustrial, legitimar la extracción de las arenas para fracking que actualmente se realizan de manera descontrolada y dañina en las costas de los ríos Paraná y Uruguay. En suma, acelerar la destrucción de los humedales y el suelo de islas”.