El Gobierno ha publicado un nuevo decreto de declaración de secreto sobre algunos actos de gestión en Defensa, sumando una gota más a su vaso que rebalsa de discrecionalidad y turbidez.
Este decreto 807/24 modifica y extiende el alcance de otro semejante dictado en abril, el 370/24, decreto aquel que no tuvo tanto debate en los medios de difusión aunque no difiera demasiado en esencia y magnitud. Juzgue cada uno por qué pasa este menos desapercibido que aquel.
El primero declaraba bajo secreto militar la operación de compra de aviones caza norteamericanos a Dinamarca. Este segundo extiende ese secreto a obras de construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura, pistas e instalaciones, así como a importaciones de los sistemas de armas que incorporarían dichos aviones.
Al mismo tiempo el nuevo decreto introduce un cambio en la responsabilidad de la ejecución de las tramitaciones, que pasan de la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa hacia la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. ¿Por qué ese cambio de responsabilidad? No parece congruente con las misiones y funciones establecidas en la orgánica ministerial validadas por la actual gestión gubernamental. ¿Habrá una razón que no sea otra de las tantas disputas de figuración y de recursos que se exhiben en el equipo de gobierno? La discusión sobre quién negocia los contratos parecería clara donde estaba, y habrá que aguardar la explicación detallada de las voces de gobierno.
Una pregunta anterior lógicamente es la de si resulta necesario el secreto militar para esta negociación. Podría pensarse que mucha falta no hace, atento a experiencias anteriores. Quizás haya buenas razones, pero mientras no se brinden y se expliquen, la autoridad militar, ministerial y presidencial habilitan la suspicacia.
Aviones y radares
Se venía discutiendo mucho y seriamente desde la perspectiva técnico-militar la conveniencia o no de adquirir los F16, sobre todo por condicionantes vinculados a los sistemas de armas con que estarían dotados y la autonomía nacional para mantenerlos y usarlos. Ese punto –qué radares y qué armas tendrán– no se dio a conocer este verano cuando el gobierno se inclinó con histrionismo por la opción EE.UU.- OTAN, descartando la de China y otras analizadas. Para muchos la decisión pareció tomarse sólo desde una perspectiva de alineamiento internacional automático, más que desde el requerimiento técnico del planeamiento militar. Quizás no sea así, pero el secretismo gubernamental, la manera de sentarte, de vestir, de estar parada, habilitan el interrogante. Este decreto no despejará esas dudas, ya que cubre con un velo la cuestión, y detalles conocidos por los ingleses permanecerán ocultos para los argentinos. Quedará la sensación de que el decreto busca aliviarle a Petri y Adornis tener que explicar qué se compra.
Por otra parte, el decreto cubre de secreto la realización de obras de reparación de pistas, hangares y cuarteles, lo que parece una desmesura que también habilitará la duda, como ya la habilitó la voracidad por los aumentados fondos reservados de inteligencia que podrán gastarse sin controles. Otra mala señal institucional. Habrá que esperar que el secreto no alcance una serie de adquisiciones de material de construcción y ejecución de obras muy comunes y cuyo cómputo y presupuesto quiera dirigirse y manejarse a discreción, sin controles de auditoría y lejos de la mirada de la sindicatura. La transparencia de los actos de gobierno es un mandato republicano que los falsos liberales argentinos declaman pero no practican desde Rivadavia y Lavalle a nuestros días; no es absoluto, pero debe haber razones fundadas para la excepción. Las denuncias de negociaciones incompatibles en YCF y en otorgar licencias de pesca no describen austeridad ni ejemplaridad en el elenco de gobierno, y estas denuncias no son impulsadas desde la oposición política al gobierno.
Contradicciones sistemáticas
El secreto también echa velos sobre otro punto en que el Gobierno se contradice de manera estridente y sistemática, y es el de la ejecución del gasto.
Como los teros al esconder sus niditos, quienes gobiernan dicen que van a reparar el salario militar tras cancelar las dos cuotas previstas, diciendo que eran mentiras insostenibles las tres que ya se habían pagado durante el gobierno de quienes no habrían querido mejorar el salario. Ridiculez que sólo puede afirmarse tomando por zonzo al que escucha, y que sólo puede creerse mediante un acto de ciega fe partidista.
Del mismo modo declaman que van a equipar a las Fuerzas Armadas, pero demoran y retacean los informes al Congreso sobre planificación y ejecución de la Ley 27.565 (Fondef – Fondo Nacional de la Defensa). Quizás el decreto secretista quiera ayudar a no exhibir números y detalle de la ejecución presupuestaria, que vendría a la baja, como la de los fulminados aumentos salariales, las partidas de funcionamiento y adiestramiento, y las de incorporación de más y nuevos soldados voluntarios, o la administración y terciarización en la obra social Iosfa.
Un próximo gobierno de reparación patriótica nacionalista, democrático y popular, deberá revisar cada una de estas medidas antinacionales y discrecionales, y anularlas y revertirlas si corresponde. Debe ser un compromiso de quienes encaren ese futuro, y deben saberlo quienes se presten hoy a esto. Con la misma intensidad y precisión con que se perpetra ahora la entrega de los recursos estratégicos, se sabotea nuestra autonomía tecnológica e industrial, y se empobrece al pueblo argentino, tendrá que retomarse el camino soberano.
(*) Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, del Ministerio de Defensa.
