Por Blanca Osuna
(Frente a un hecho lamentable sucedido en una escuela de Paraná).
Las escuelas de nuestra patria constituyen una institución fundamental para fomentar la transmisión intergeneracional sobre la Historia y la Memoria. El desafío de la educación es promover y habilitar las preguntas necesarias para pensar el pasado desde el tiempo presente y aportar a construir un futuro de forma colectiva. Al mismo tiempo es responsabilidad de las instituciones educativas promover la formación que brinde elementos frente al ocultamiento y el engaño que busca distorsionar el acuerdo fundacional que desde 1983, año de la recuperación de la democracia, acordó la ciudadanía en nuestro país.
La Ley de Educación Nacional N°26.206 define a la educación como política de Estado para construir una sociedad justa, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los Derechos Humanos y libertades fundamentales. Y establece en su Art. 92 que: «Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones: El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden institucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estados…»).
En este marco, la conmemoración de la Semana de la Memoria constituye una oportunidad para fomentar una mirada crítica y social de los hechos, para el análisis y la formación sobre la defensa permanente del Estado de Derecho, la lucha contra todo tipo de autoritarismo, la plena vigencia de los Derechos Humanos; para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes construyan bases sobre las cuales defender sus derechos, sus garantías constitucionales, sus convicciones, pensamientos, deseos y anhelos. Por eso es indispensable señalar el rechazo contundente frente a posturas individuales que niegan la historia y sólidos acuerdos democráticos, además de lo establecido por las leyes de nuestro país. No hay margen alguno para que quienes, teniendo la noble tarea de educar, se arroguen atributos para actuar de modo adverso a las políticas educativas establecidas. Y corresponde hacerse cargo social y legalmente tanto en términos individuales como institucionales en caso de actuar en contrario.
Seguimos reclamando condena a genocidas, pidiendo el juzgamiento por las responsabilidades civiles, financieras, eclesiásticas, mediáticas y buscando a nietas y nietos que fueron arrancados de sus madres luego del nacimiento en cautiverio. Por eso, frente a estos hechos, la condena social será parte del sostén que la Memoria necesita. La escuela es, sin dudas, el lugar propicio para ejercer esta acción formativa que nadie tiene derecho a distorsionar.
