Gerardo Aranguren
A partir de una ley sancionada a fines del año pasado, la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad ampliará al sector privado una labor que ya realizaba en el sector público: la reparación de los legajos de trabajadores y trabajadoras que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. La Ley 27.656 fue aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores en diciembre de 2021 y dispone la inscripción de la condición de detenido desaparecido en los legajos laborales de quienes al momento de su desaparición o secuestro estaban en relación de dependencia en alguna empresa. La Comisión realiza desde hace 16 años esa tarea dentro del Estado. Primero lo hizo en el Ministerio de Planificación y luego en toda la administración pública nacional. A partir de la sanción de esta nueva ley, se abrirá una oportunidad para ampliar una búsqueda a través de la cual recuperaron las identidades laborales de más de 500 personas. La primera tarea será realizar un relevamiento de las y los trabajadores del sector privado que hayan sido víctimas del terrorismo de Estado. La clase obrera fue uno de los principales blancos apuntados por el terrorismo de Estado. Muchas de las personas desaparecidas eran delegados gremiales y militantes políticos, perseguidos y desaparecidos con el objetivo de modificar las relaciones sociales heredadas del peronismo e imponer un nuevo modelo económico. Esa persecución comenzó antes de la última dictadura, con la represión desatada en Tucumán en 1974 en el Operativo Independencia, que hizo especial foco en los ingenios y fábricas; y en Villa Constitución, en 1975, con la persecución a líderes sindicales y trabajadores de Acindar y otras planteas metalúrgicas de la ciudad. En esa tarea que encabezaron militares y fuerzas de seguridad, hubo grandes empresas que tuvieron un rol central: facilitaron información y permitieron realizar secuestros en los espacios de trabajo, y realizaron aportes económicos y logísticos, vehículos y hasta predios donde instalar centros clandestinos de detención. Ante cada reparación del legajo original por parte de la empresa, tal como sucede en el Estado, la Comisión entrega una copia a la familia. También impulsa que los hijoso hijas de esos trabajadores puedan incorporarse en esos lugares, si así lo desean ambas partes. Ya son 30 las hijas e hijos que lo hicieron en el Estado, la última ocurrió en enero último en Anses.
