Carlos Heller
La media sanción en Diputados del proyecto sobre Bienes Personales interpela a la realidad desde varias aristas, que abarcan al funcionamiento del Parlamento y a las posturas intransigentes en gran parte de la oposición, expresadas también en el rechazo del Presupuesto 2022. El Senado votó en octubre un proyecto para elevar el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales, importe que no se actualiza desde 2019. Además, estableció la actualización anual de los montos por el índice de precios. Es una iniciativa elogiable, pues beneficia a unos 445.000 contribuyentes, pero contiene una falencia: genera un costo fiscal sin una contrapartida de ingresos que lo equilibren. Juntos por el Cambio quería revalidar este proyecto, pero el oficialismo presentó un dictamen, finalmente aprobado con media sanción en Diputados, con un incremento de las alícuotas para los contribuyentes de mayores patrimonios, elevándola del 1,25% a 1,50% para los patrimonios superiores a 100 millones de pesos y para los mayores a 300 millones de pesos, al 1,75%. Esta suba de alícuotas afecta a menos de 16.000 contribuyentes. La oposición rechazó la suba de alícuotas, puesto que en su “contrato electoral”, tal como expresaron varios diputados y diputadas, se estableció que no votarían aumento de impuesto alguno. Al mejor estilo del Tea Party, el ala más radicalizada del Partido Republicano de Estados Unidos. JxC y los libertarios sostuvieron que generaría una huida de inversiones, que eran tasas confiscatorias y que se judicializaría. Ante estas posturas, sostenidas también en el tratamiento del Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, tenemos los resultados incontrastables de la recaudación del aporte referido, que llegó a los 247.500 millones de pesos provenientes de unos 10.000 contribuyentes. Hubo escasas presentaciones judiciales para no pagar y la gran mayoría de ellas rechazadas por la justicia. Al declamar, tanto JXC como los libertarios, que fomentan la menor recaudación vía reducción o eliminación de los impuestos, merman los recursos del Estado, y lo que intentan impulsar es un ajuste del gasto, entre otros, en los subsidios a las tarifas, en las ayudas a familias y a las PyMEs. Ese es el verdadero sentido del “no votaremos subas de impuestos”, aunque (o especialmente porque) en este caso sólo alcanza a los 16.000 contribuyentes más adinerados de país. Cabe agregar que organismos como el FMI y la OCDE han sugerido la necesidad de incrementar los impuestos a los grandes patrimonios, así como a las “ganancias excesivas”.
