Pablo Maccarini (*)
En nuestro país, el “lawfare” parece remplazar -siempre que el juego de fuerzas lo permita- el rol de los golpes militares tradicionales. A decir de Rafael Bielsa y Pedro Peretti: “Lo nuevo no es la irrupción de los jueces en el ámbito de la política, sino el desenfado y el protagonismo que adquiere la camarilla judicial. Esto es lo novedoso. El poder real ya no necesita más a los Jorge Rafael Videla (1925-2013). Ahora los suplantan con jueces como Sergio Moro”.
Desde este contexto es que podemos describir al lawfare como una distorsión en la aplicación de la ley que termina siendo ejecutada por una judicatura que se encuentra al servicio del poder político y económico por la propia desvirtuarían de la ley para beneficiar o para justificar lo que ese poder represente. El lawfare conceptualiza el acto de manipular los institutos jurídicos y el propio Poder Judicial para obtener resultados en una esfera política, llevando la disputa política más allá de las urnas y utilizando los medios de comunicación como soporte de esa construcción. En otras palabras, el lawfare sustituye el uso directo de la fuerza y la “muerte física” como opción principal y, en cambio, opera a nivel institucional con miras a la “muerte jurídica y política” del o la disidente. La “muerte política” procura erosionar la imagen pública del perseguido judicialmente, deslegitimarlo y convertirlo en los causantes de todos los males del país. Implica entender que estamos referenciándonos a los márgenes sobre los que gravita el contrato social, es decir, el conglomerado de reglas que regulan la vida en sociedad.
Es por eso que creo necesario discutir la necesidad de una reforma judicial que dote a la Justicia de fuerza y objetividad para retener estos ataques profundos a su legitimación y prestigio; es decir, que este ataque -de hacer de la Justicia un ideal en disputa- sirva para revertir este fenómeno, asegurando un fortalecimiento que implique un mayor respeto para la ciudadanía.
Una reforma que incluya como bases la interseccionalidad, la interdisciplina y la transparencia, involucrando transformaciones estructurales en términos de igualdad de género, clase y color de piel, asegurando la participación igualitaria en puestos de decisión para que la Justicia sea un espejo de la sociedad que representa, la pueda entender mejor y pueda a la vez fortalecerse en su devenir histórico.
(*) Abogado. Magister en Análisis Económico del Derecho.
