Eduardo Barcesat (*)
El fallido magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, exhibe la continuidad del lawfare, -bajo otras formas, como nos diría Clausewitz, dada la estrepitosa pérdida de credibilidad del accionar de los personeros de la persecución judicial, la oposición política y de sus mentores comunicacionales. La vida e integridad personal del sicario debe ser celosamente custodiada por las fuerzas de seguridad federales, que están interviniendo conforme las directivas de la jueza Federal a cargo de la instrucción y de la fiscal Federal. La perversa madeja que compone el lawfare instalado en el continente suramericano, descendencia putativa de la otrora doctrina de la seguridad nacional, exhibe similitud de obrar en Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay y la Argentina: acusaciones ficcionales para lograr destituir o impedir el ejercicio de cargos electorales, ungidos por los procesos electorales democráticos. A esos procesos se presta la pata podrida de la administración de justicia que no cabe nominar como «Poder Judicial de la Nación»; es que, los nombres constitucionales, deben ser preservados para quienes actúan en obediencia a la supremacía constitucional, de la que debieran ser los mayores custodios; no así para quienes vulneran la dignidad del derecho. El discurso del odio, de la intolerancia política, prohijados por los medios comunicacionales hegemónicos, que hacen tabla rasa con el deber de brindar información veraz y adecuada, como lo ordena el art. 42 de la C.N., tan poco invocado y menos aplicado, obran como autores intelectuales e inspiradores del frustrado magnicidio. Hacia el develamiento de esos autores mediatos debe enderezarse la investigación judicial, para desnudar y deconstruir las articulaciones que ponen en conexión la violencia de los apetitos e intereses del poder económico, centrados en apoderarse de las riquezas y recursos naturales, léase hidrocarburos, gas, litio, sílice, tungsteno, tierras rurales, reservas de agua potable, todos ellos bienes de titularidad de los pueblos. Sepa el pueblo argentino que su estado de movilización y presencia en las calles y plazas de la República, no expresa solamente su amor y solidaridad para con una notable estadista y política argentina, sino también el ejercicio reconocido por el art. 36 de la C.N., nominado Deber de Obediencia la Supremacía Constitucional, de resistir los actos de violencia institucional que comportan los golpes y tentativas de golpe de estado, y esa resistencia es la forma más elevada de la lucha por preservar la vigencia del Estado de Derecho y la soberanía del pueblo argentino.
(*) Abogado constitucionalista.
