Por: Carlos Heller
Luego de que el Congreso convirtiera en ley la aprobación del acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI se consolidó un escenario de tranquilidad cambiaria y prácticamente la cotización del dólar ilegal desapareció de los titulares. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el denominado blue se redujo entre febrero y marzo unos 17 puntos porcentuales, hasta el 84%, y un recorrido similar siguieron los dólares bursátiles.
No obstante, de un momento para otro los medios volvieron a instalar con fuerza el tema de la cotización del dólar ilegal, que llegó a subir 17 pesos en algo más de una semana. Durante el período de aumento se dijo que “la tensión cambiaria no se frena”, aunque luego cayó 8,5 pesos en dos días, y sigue como en una montaña rusa. En rigor, no hubo ningún cambio sustancial de los fundamentos económicos que motoricen esta dinámica.
En el primer trimestre del año las exportaciones crecieron 26% como consecuencia de un aumento en los precios (22%) y una leve alza en las cantidades (3,2%). Se destacaron las ventas de productos primarios (57,7%), seguidos de las Manufacturas de Origen Industrial (32%). Los dólares de las exportaciones están permitiendo que se financien los pagos de importaciones y de los servicios de la deuda.
Esto no quiere decir que no existan desafíos en el frente externo, muchos de los cuales tienen que ver con el contexto de la guerra y con la mayor inflación mundial. Sin embargo, todas estas noticias se vienen “descontando” desde antes por los mercados, es decir, no son nuevas como para justificar lo que ocurre en el mercado ilegal, un ámbito en el que se mueve un volumen muy pequeño y donde la volatilidad es la norma. Allí las cotizaciones son un reflejo de las maniobras especulativas con las que se benefician unos pocos.
Los motivos por los cuales se incrementa la brecha hay que emparentarlos con los intentos del capital concentrado de condicionar al Gobierno para que no se avance con políticas progresivas, ya sean un refuerzo de los ingresos para ayudar a los sectores más castigados por un contexto internacional excepcional, como un gravamen también excepcional sobre el exceso de beneficios, o el intento de que las personas que fugaron recursos no declarados al exterior paguen, al menos, una parte de lo que evadieron.
