Los familiares de dos jóvenes que murieron atropellados hace casi dos años por una patrulla policial en la ciudad bonaerense de San Nicolás cuestionaron la incorporación al expediente de un nuevo peritaje por considerar que se realizó fuera de término, cuando el caso ya había sido elevado a juicio y que podría beneficiar al efectivo que será juzgado en septiembre próximo.
Esta controversia surgió luego de que el juez de Garantías de dicha localidad, Román Parodi, hizo lugar al pedido del fiscal Rubén Darío Giagnorio, quien solicitó reabrir la instrucción de la causa por 60 días, en la cual la defensa pidió la incorporación de un peritaje accidentológico que intenta reconstruir la mecánica del hecho.
Ante esta situación, la madre de una de las víctimas, Sandra Corbalán, teme que esta prueba «beneficie» al único acusado, el policía Pablo Moresco, quien será juzgado por el delito de «doble homicidio con dolo eventual» en perjuicio de Ezequiel Corbalán (30) y Ulises Rial (25) y a partir del 21 de septiembre próximo. «El fiscal avaló un peritaje que ya había sido realizado, no lo entendemos. Me tiene muy preocupada porque ahora no sabemos de qué lado está el fiscal. Si está de lado nuestro, es decir las víctimas, o si está del lado de ellos», dijo Sandra. Fuentes judiciales informaron que dicha pericia será realizada por investigadores pertenecientes a la Policía de la Ciudad y todavía no tiene fecha programada, aunque deberá arrojar sus resultados 15 días antes del comienzo del debate. Según informaron desde el tribunal de juicio, la realización de un estudio accidentológico tiene que ver con que «han variado las circunstancias respecto de pericias previas, como por ejemplo el resultado de las pericias toxicológicas», las cuales arrojaron un resultado positivo en alcoholemia para los dos jóvenes fallecidos.