Nueva denuncia pide Juicio Político contra la Vocal del STJ Susana Medina por abandono de funciones y morosidad

La asociación civil Entre Ríos sin corrupción formalizó este miércoles un nuevo pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Susana Medina, sumando causales como abandono de funciones, morosidad en la resolución de causas y alteración en designaciones de subrogantes.

La presentación, realizada por la presidenta de la ONG, María Fabiana Cian, en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, se suma a una denuncia anterior que será analizada este jueves por la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.



Principales Acusaciones

  1. Licencias y Morosidad: La denuncia sostiene que el «extraordinario número» de días de licencia tomadas por Medina constituye «una falta ética básica». Se adjuntan estadísticas que muestran índices de demora en la Sala Laboral que integra la magistrada, señalando que en 2024 la morosidad alcanzó el 90%. «Mientras la vocal goza de licencias… muchos justiciables esperan… la resolución de los asuntos», afirma el texto. Para los denunciantes, esto configura mal desempeño.

  2. Alteración en Designaciones: Se acusa a Medina de alterar el orden de designaciones de vocales subrogantes durante su presidencia del STJ en 2022 y 2023, en casos de recusaciones o excusaciones. La ONG sostiene que esto constituye «una ineficacia funcional grave y una opacidad preocupante» en la garantía del juez natural.

  3. Aportes y Conflicto de Intereses: La denuncia aborda la aceptación y gestión de «contribuciones» a favor de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) —que presidió Medina— provenientes de una entidad bancaria que es agente financiero del Estado y justiciable ante el STJ. Acompaña imágenes con el logo del banco en comunicación de AMJA. Esto, según la ONG, implicaría un conflicto de intereses y una «grave inconducta» ética.

  4. Abuso de Autoridad: Se incluye un hecho de junio de 2022, durante la presidencia de Medina, donde a representantes de la ONG se les impidió el acceso a Tribunales durante una audiencia de una causa contra el exgobernador Sergio Urribarri, lo que califican como abuso de autoridad.

La nueva presentación será evaluada junto con la anterior en el marco del proceso de juicio político.