No pagar alimentos: violencia contra las mujeres

El 97% de los reclamos es por la omisión del pago de alimentos.

Proponen condenar como violencia económica contra las mujeres al no pago de la cuota alimentaria. La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados.

La diputada nacional de Somos Barrios de Pie Natalia Souto presentó un proyecto de ley por el que se incorpora a la ley 26.485 de protección integral de las mujeres la falta de pago de cuota alimentaria como un tipo de violencia económica contra las mujeres.
La iniciativa surgió a partir del análisis de las cifras de ambos fenómenos en el país, sumado a la alta tasa incumplimiento por parte de los padres en sus obligaciones alimentarias para aquellos casos en que se encuentren separados o divorciados.
La diputada recientemente ingresada a la Cámara baja, en reemplazo de Cristina Álvarez Rodríguez, indicó que la propuesta sirve para complementar el proyecto de Ley de Violencia de Género, que cumple 10 años y que este jueves se anunció la voluntad de actualizarlo.
Conforme un relevamiento de la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos (CADH) en base a las consultas que reciben en la clínica de asesoramiento jurídico que llevan adelante como ONG, desde el 2020 a la actualidad han atendido 250 consultas en total.
De la totalidad de estas consultas, 102 versaron sobre alimentos, y sus modos de reclamo. Esto representa un 40% de la totalidad de consultas recibidas.
Respecto de este 40%, solo dos fueron realizadas por varones sobre régimen de comunicación en particular, y las restantes todas por mujeres con hijos a cargo de los cuidados.
De las consultas que realizan dichas mujeres, un 97% son de personas que no reciben ningún monto por el progenitor de sus hijos, mientras que el otro 3% recibe alguna cuota y necesita revisión de la misma.
Además, un 60% son reclamos hacia progenitores sin ingresos registrados y/o que cobran un plan; un 30% hacia varones con algún ingreso mensual y un 10% desconoce los ingresos del hombre.
En el informe se destaca que un 35% de las mujeres consultantes ya había realizado previamente algún acuerdo judicial que se incumplía. Asimismo, un 25% había contactado o intentado contactar un servicio gratuito de abogados.