Carlos Heller
Un medio económico especializado comentó esta semana un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La nota señala que en el primer cuatrimestre el gasto público creció 14,6% en términos reales (descontando la inflación). Si bien el texto buscaba poner el foco en otra cuestión (un supuesto riesgo de incumplimiento fiscal con el FMI), la afirmación admite otras lecturas. Por caso, que no estamos en presencia de un ajuste del gasto público, más bien de lo contrario. En el desagregado de las partidas, el informe de la OPC indica que el grueso de la expansión de las erogaciones tiene que ver con los gastos corrientes. Las jubilaciones y pensiones, el gasto más significativo en términos absolutos, crecieron 5,7% por encima de la inflación. Las asignaciones familiares y AUH lo hicieron 17,5% real. Los salarios de la administración pública nacional se incrementaron 11,7% real. Programas sociales como Potenciar Trabajo, Progresar y otros, son menos significativos en valores absolutos, pero el gasto creció 21,9% por encima de la inflación. Los subsidios a la energía, por su parte, crecieron significativamente en términos reales, un efecto directo de los aumentos de precios internacionales derivados del conflicto bélico. Si bien el título de la nota referida quiso poner el énfasis en las dificultades con el cumplimiento de las metas de déficit fiscal, en el cuerpo de dicha crónica, los analistas consultados realizan observaciones alentadoras, porque indican que el Gobierno estaría cumpliendo con las metas pautadas con el FMI. Calculan un déficit primario de 0,8% para el primer semestre, con lo cual queda margen para cumplir. La cuestión del cumplimiento fiscal en este año es un tema que está cada vez más presente en los diversos análisis económicos. Y como vemos, con incremento del gasto. Todas estas medidas son una muestra de una preocupación por mejorar la distribución del ingreso. Cabe aclarar que el problema de base fue el impagable endeudamiento con el FMI contraído por la administración macrista. Un acuerdo que este Gobierno jamás hubiera propuesto, pero luego de arduas negociaciones, el programa vigente es el menos malo de los acuerdos posibles. En resumen, se busca llegar a un déficit fiscal de 2,5% del PIB, con una emisión monetaria de 1,0% del PIB, y todo ello sin contracción de la economía, ni de las jubilaciones y pensiones, ni de los programas sociales, sino con incremento real del gasto y de la recaudación, un proceso que sigue requiriendo imperiosamente una mayor progresividad.
