Desde el gobierno entrerriano reafirmaron su voluntad de negociar de buena fe en el proceso de reestructuración de la deuda.
Desde la provincia manifestaron que se comprometen a resolver la situación en el marco de un diálogo constructivo para lograr un acuerdo con los acreedores. El mismo se hará respetando las restricciones presupuestarias que enfrenta la provincia y su responsabilidad con la población. En este marco, Entre Ríos sigue siendo una de las provincias que se encuentra en proceso de renegociación de la deuda pública, como Buenos Aires, Córdoba, Chaco y La Rioja, entre otras.
Después de haber comunicado su intención de procurar la sostenibilidad de sus cuentas reestructurando los bonos internacionales, denominados en USD, bajo Ley y Jurisdicción Nueva york, se publicó en la página oficial del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, el documento de sostenibilidad de la deuda pública (DSA) y a partir del mismo, se llevaron a cabo reuniones a través de los medios virtuales disponibles para exteriorizar su contenido.
Posteriormente, por intermedio de sus asesores y a pedidos de los acreedores, entró en conversaciones restringidas con algunos de ellos, más precisamente con tres de los más importantes que manifiestan en grupo poseer el 45% de la tenencia del bono emitido y sujeto a reestructuración. Una vez iniciado el período de confidencialidad, la Provincia procedió a compartir una propuesta, la cual fue correspondida por los acreedores con una serie de lineamientos que sus clientes consideraban como rectores de un nuevo acuerdo.
Dichos lineamientos fueron compartidos en las últimas horas previas a culminar el período de confidencialidad mediante un comunicado del Estudio Jurídico White & Case, asegurando representar un grupo de acreedores donde se encuentran las cuentas con las cuales se suscribieron los contratos (NDA), y la disconformidad de sus representados con los términos y condiciones sugeridos por la Provincia para comenzar las negociaciones.
Esta respuesta adolece de datos e información suficiente para considerarla como una contraoferta y poder trabajar sobre ella. Sin embargo, los acreedores a través de su representante legal, reiteraron las intenciones de seguir negociando de buena fe.