Cierra un año con empate técnico en el Congreso, fallos estructurales de la Corte Suprema y judicialización de la política en vísperas de un año electoral. Danza de nombres y debates internos.
Por Mariano Osuna
La polarización entre el oficialismo y la oposición dejó un escenario embarrado hacia el año próximo. En la Cámara de Diputados, donde ninguna fuerza política o bloque legislativo tiene quórum propio, no se pudo avanzar en sesiones durante diciembre pese a que el temario se encontraba consensuado. Atravesado por la crisis institucional en el Consejo de la Magistratura, la instancia preparatoria del pasado 1 de diciembre, cuando el objetivo era la ratificación de las autoridades de la Cámara, terminó en un escándalo. El quórum que se había logrado con la presencia de los bloques Provincias Unidas, Frente de Izquierda y tres legisladores del Interbloque Federal, fue desapareciendo entre gritos e insultos de integrantes de Juntos por el Cambio, que impidieron el desarrollo del temario. En esa situación inédita, los legisladores de los bloques minoritarios se levantaron y dejaron en minoría la reunión, luego que la entrerriana Blanca Osuna diera precisiones como miembro informante de los proyectos de creación y nacionalización de ocho universidades, entre ellas la Juan Laurentino Ortiz, que se creará sobre la base de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
El miércoles pasado era una nueva oportunidad para llevar adelante esa agenda, con el mismo temario del encuentro fallido, más las incorporaciones de proyectos sobre modificatorias a la Ley de Alquileres; del Plan de Pago de Deuda Previsional, que permite que personas que se encuentran en edad de jubilarse pero sus empleadores no aportaron los años correspondientes, o les falta algunos de ellos, puedan hacerlo; y la constitución del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas. Allí también estaban en el orden del día los proyectos sobre la creación de las universidades nacionales del Delta, Río Tercero, Ezeiza, Cuenca del Salado, Madres de Plaza de Mayo, Saladillo y Pilar. Pese a que dos de ellas contaban con iniciativas de legisladores de Juntos por el Cambio, la decisión del Interbloque fue no dar quórum nuevamente, entre ellos los entrerrianos Rogelio Frigerio, Pedro Galimberti, Gabriela Lena, Gustavo Hein y Marcela Antola. Tampoco bajaron al recinto los bloques de Javier Milei y José Espert, el Interbloque Federal que conforman los socialistas de Santa Fe, los cordobeses que responden a Juan Schiaretti y los bonaerenses Graciela Camaño y Florencio Randazzo.
Durante el plazo otorgado para que se llegue al número previsto para el inicio del debate y tratamiento, solamente se ocuparon 124 bancas, cinco menos que las necesarias para que la sesión se realice. Ya sin el quórum necesario, los presentes efectuaron expresiones en minoría durante las siguientes horas, con críticas a la oposición, agradecimientos a autoridades de universidades y municipios que esperaban la aprobación de los proyectos, y cuestionamientos al Poder Judicial. Por ese panorama de diálogo roto, ya no habrá sesiones durante diciembre, con lo cual algunas iniciativas perderán estado parlamentario y otras volverán a discutirse en febrero. Pese a que la correlación de fuerzas es otra, tampoco el Senado de la Nación pudo conseguir los acuerdos para su funcionamiento en diciembre, aunque por razones circunstanciales, como la recuperación de la salud del formoseño José Mayans.
El rol judicial
El desencanto social con la administración de la justicia en las vidas cotidianas viene de larga data. La falta de perspectiva de género, de visión ambiental y de sensibilidad popular fue profundizando de manera irremediable esa distancia, que se acrecienta con el fastidio por algunos privilegios en el sector. Con el recuerdo fresco de épocas de la Corte automática en los años 90, la llegada por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, promovida por el gobierno de Mauricio Macri cinco días después de su asunción a la presidencia, y las jubilaciones de algunos de sus integrantes, e incluso la falta de reemplazo a Elena Highton de Nolasco luego de su jubilación, terminaron resquebrajando la composición del máximo tribunal.
A esa inédita situación, con una Corte Suprema con cuatro integrantes, todos varones, hay que sumarle la problemática de Comodoro Py y la intervención sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. El Congreso de la Nación aprobó en 2006 distintas modificaciones a la legislación sobre el órgano que se encarga de la designación, evaluación y remoción de jueces, que redujo su conformación de 20 a 13 miembros y le sacó la concentración de poder a la Corte. Luego de 15 años, dicho Tribunal declaró la inconstitucionalidad de aquella Ley y dio un plazo de 120 días para que el Consejo vuelva a su formación de 1998, con 20 integrantes y el regreso de la Corte a su presidencia, y el Congreso sancione una nueva normativa. Toda esa situación trajo una crisis institucional en un escenario inédito, con una legislación tachada luego de muchos años de implementación.
La discusión del Consejo de la Magistratura también tuvo sus consecuencias en las designaciones de ambas cámaras por fallos del propio tribunal sobre las representantes de los bloques legislativos. Ese escenario fue el detonante final de la explosiva sesión fallida del 1 de diciembre en la Cámara Baja. A eso hay que sumarle otros tres elementos de análisis: la situación normalizada de prisiones preventivas y espionaje ilegal a ex funcionarios entre 2015 y 2019, sumado a la condena este año en primera instancia a la vicepresidenta Cristina Fernández; la exposición de chats, audios y viajes a Lago Escondido entre jueces, fiscales, autoridades de medios de comunicación, funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta y servicios de inteligencia; y los fallos sobre políticas públicas y decisiones políticas, como la definición sobre la coparticipación que Cambiemos llevó de un 1,40% a 3,75% para Capital Federal, que luego Alberto Fernández volvió a su estado anterior y ahora la Corte elevó en un nuevo veredicto a 2,95% de los fondos coparticipables.
Como respuesta, el Presidente de la Nación junto a 14 mandatarios provinciales, entre ellos el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anticiparon que se determinó la instrucción a los órganos competentes para la recusación de los miembros del máximo Tribunal y la presentación del pedido de revocatoria in extremis de la resolución judicial. “En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al Jefe de Gobierno de CABA”, afirmaron en un comunicado difundido de manera conjunta. La oposición ya avisó que denunciará a Fernández y amenazan con el juicio político, lo que marca un escenario que se seguirá embarrando un poco más.
Antesala electoral
En esa cosmovisión política aparece de fondo el horizonte de los comicios de 2023, donde además de las internas en cada coalición también surgen las propias diferencias en cada partido o espacio integrante de esas alianzas. El propio Larreta, el candidato que mejor mide en Juntos por el Cambio, tiene sus problemas de estructura en distintos lugares del país, además de la discusión interna con otros posibles candidatos como Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Facundo Manes y el propio Mauricio Macri. En la vereda opuesta, las referencialidades que mejor sintetizan el espacio y tienen competitividad son la propia ex Presidenta y el ministro de Economía Sergio Massa, quienes entre renunciamiento público y rechazos de candidaturas, niegan cualquier postulación. Debajo, sin la unidad al interior del Frente de Todos, se encuentra Alberto Fernández, que en otras circunstancias podría ser el candidato natural pero hoy no tiene chances de encabezar ninguna cohesión. En esa ensalada de nombres también surge el gobernador bonaerense Axel Kicillof, integrante de la Liga de Mandatarios Justicialistas, con diálogo cotidiano con el kirchnerismo duro y buena relación con el tigrense.
En lo provincial, los nombres siguen siendo los mismos. Frigerio y Galimberti presentan su modelo de internas en un contexto donde varias provincias hoy no tienen garantizada la unidad con sus respectivas reglas de juego. Eso es una disputa entre amarillos y radicales que permita la diferenciación de las identidades y la complementariedad de electorados. En el peronismo, la danza de nombres persiste, luego de las definiciones sobre el retraso del desdoblamiento electoral, con un calendario que tiene su primera votación el domingo 30 de julio con el desarrollo de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y que continuará el 24 de septiembre con los comicios generales. Esa decisión de desacople con las fechas nacionales, aunque con otros matices, se repite en Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, Salta, Neuquén, Formosa, Tierra del Fuego, Chaco, Misiones, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, San Luis y San Juan.
En los primeros días de diciembre, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, volvió a dar señales en un acto público sobre sus intenciones electorales. Fue en una actividad junto a distintos sectores del Frente de Todos, donde se visualizaron carteles y banderas con la leyenda “Piaggio gobernador”. Sin posibilidad de reelección en territorio local y sin el apoyo del PJ tradicional de la provincia, su precandidatura proporciona un debate fresco sobre una agenda que incomoda. De los nombres en danza, es el único que no espera la lapicera de Bordet, aunque nunca movió sus pies fuera del plato, pese a las posibilidades de interna en 2017 y 2019. Junto a los jefes municipales de Paraná, Adan Bahl, y de Concordia, Enrique Cresto, comparte un problema de sucesión en sus respectivos territorios. El dirigente de la capital entrerriana es hoy el que tiene más nivel de conocimiento y mayor capacidad de tracción de votos, pero no tiene en sus segundas y terceras líneas a ningún nombre al que pueda trasladarse los logros de la gestión local. En el caso de la capital del Citrus, los nombres que surgen tienen peso propio y ninguno es orgánico a la estrategia del ex administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). En ese radar se encuentran además la vicegobernadora Laura Stratta y el secretario nacional Juan José Bahillo, ambos son los preferidos de Bordet pero ninguno con el poder de síntesis que requiere la estrategia preferida de Casa Gris: esto es garantizar competencia libre pero promover su candidato de unidad. Para eso, los cuatro municipios principales deben llevar triunfos con nombres de peso en esas contiendas. En ese laberinto, iniciamos la cuenta regresiva, donde el primer trimestre será el plazo final para elegir la mejor alternativa.
