El juez Rubén Chaia pidió un cuarto intermedio hasta hoy, jornada donde se conocerá la sentencia definitiva.
Este jueves será un día trascendente en los Tribunales provinciales de Concepción del Uruguay, donde se llevará a cabo la audiencia para conocer el veredicto sobre el caso de Sabrina Wetzel, la joven uruguayense que murió en un accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2022 sobre la Autovía Gervasio Artigas.
El fatídico accidente tuvo lugar cuando Sabrina y su amigo, Juan Ignacio Pereyra, de 23 años, circulaban en moto por el kilómetro 179 de la mencionada autovía. En ese momento, un camión de la empresa Transposal, conducido por un ciudadano paraguayo, embistió a los jóvenes, dejando a Sabrina sin vida y a su acompañante con lesiones graves y serias consecuencias.
El conductor del camión que atropelló a Sabrina, Derlis Eliseo Zarza Fernández, de 38 años, se dio a la fuga tras el impacto y no fue detenido hasta doce días después; el miércoles 15 de febrero de 2022.
Durante la audiencia que se llevará a cabo este jueves determinará el destino del acusado. La determinación final quedará en manos del juez Rubén Chaia, quien dará a conocer su veredicto.
El 27 de julio pasado, el fiscal Alejandro Perroud presentó todas las circunstancias agravantes del caso; enfatizando los daños irreparables causados por el acusado a una joven, llena de proyectos e ilusiones, y el dolor que generó en su familia.
Sabrina había recibido exitosamente un trasplante de hígado y estaba comenzando a aprovechar esta nueva oportunidad de vida que le había brindado la delicada operación a la que fue sometida.
La fiscalía, así como la querella representada por el abogado Pabló Curá, reclamaron una condena de cumplimiento efectivo para el acusado, enfatizando la importancia de aplicar una pena ejemplar que sirva de advertencia a todos los profesionales del volante para que se cumplan las normas de tránsito y se eviten futuros siniestros. Perroud reclamó cuatro años y medio de encierro y la querella cinco.
Por su parte, la defensa del imputado, a cargo de la abogada Abril Otegui, argumentó que su cliente ya había sufrido las consecuencias de su accionar y que una pena efectiva no sería una medida disuasoria. Por ello, sugirieron una pena de 3 años de prisión en suspenso.
