Miles de personas de toda la provincia de Mendoza se manifestaron frente a la Casa de Gobierno para reclamar la derogación de las leyes que aprueban la declaración de impacto ambiental para proyectos mineros en Uspallata y Malargüe, bajo la consigna «el agua no se negocia».
La marcha, que se extendió por más de siete cuadras, se realizó el 23 de diciembre. Concentrados primero en la Plaza Belgrano, los manifestantes recorrieron la Avenida San Martín hasta llegar a la Gobernación. Asistieron asambleístas de 15 regiones de la provincia, organizaciones sociales y numerosos autoconvocados.
El reclamo central apunta a las leyes 9.684 y 9.685, aprobadas por la Legislatura mendocina, que dan luz verde a la declaración de impacto ambiental para la explotación de la mina de cobre San Jorge (rebautizada «PSJ Cobre Mendocino») en Uspallata, y para casi 30 proyectos en Malargüe. Los manifestantes sostienen que estos proyectos violan la Ley 7722, sancionada en 2007, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como cianuro y mercurio en la minería metalífera. La Legislatura aprobó el proyecto de San Jorge argumentando que los químicos que utilizaría (Metil Isobutil Carbinol, Isobutil Xantato de Sodio, Poliacrilamida Aniónica y Óxido de Calcio) no están alcanzados por esa normativa.
Los asistentes, entre los que había familias con niños, enfatizaron la defensa del agua como recurso vital en una provincia con emergencia hídrica. Guadalupe, una manifestante de Luján de Cuyo, llegó con su hija Violeta y su bebé de 6 meses llamado Yacu («agua» en quechua), afirmando: «El futuro de todos nuestros hijos está en juego. El agua es el oro, es un recurso preciado».
El gobernador Alfredo Cornejo, aliado del presidente Javier Milei, ha defendido los proyectos, señalando que «la agricultura consume infinitamente más agua que cualquier proyecto minero» y que el problema del agua reside en el «derroche agrícola y residencial». En noviembre, Milei anunció en Corrientes la modificación de la Ley de Glaciares y señaló a Cornejo como su principal impulsor, vinculando esta modificación con grandes inversiones mineras.
Durante la manifestación, la Justicia de Mendoza ordenó liberar a los hermanos Facundo y Renzo Gollano, detenidos desde el 9 de diciembre durante las protestas por la sanción de la ley del cerro San Jorge. Su abogado defensor, Maximiliano Villarreal, dijo que los fiscales no pudieron probar los argumentos de «reiterancia» y «peligro de fuga» para sostener la prisión preventiva.
