Periodista
El presidente de nuestro país, Javier Milei, propone que la presencialidad escolar no sea obligatoria a partir de los 9 años de edad. De algo podemos estar seguros: si Cristina Kirchner o desde el peronismo hubiese surgido un proyecto de modificación de la Ley de Educación Nacional, disponiendo que los niños a partir de los 9 no están obligados a concurrir a la escuela, es más que probable que se hubiese formado inmediatamente una corte marcial disponiendo la decapitación en Plaza de Mayo de los “herejes que prefieren un pueblo de gente sin educación”, el latiguillo que ocupa el lugar del “alpargatas si, libros no” que se endilgó injustamente al primer peronismo.
Es cierto que los balances de una gestión se pueden hacer desde la subjetividad o desde la objetividad: desde la ideología o desde la frialdad y contundencia de los números. Obviamente que hacer por la educación no es sólo la construcción de edificios escolares o la creación de universidades, pero ha sido una constante que el peronismo en sus diferentes gobiernos ha puesto énfasis en otorgar mayores recursos presupuestarios a la educación, últimamente a través de la ley de financiamiento educativo que establece un mínimo del 6% del PBI, destinado a educación, comprendiendo la infraestructura para garantizar buenas condiciones de estudios y de trabajo, la asignación de becas, la provisión de tecnología y bibliografía, la capacitación, el establecimiento del salario a través de la discusión paritaria, la extensión de la obligatoriedad a la escuela secundaria, etc.
No puede desconocerse que un moderno edificio escolar no es garantía de una buena educación (lamentablemente hemos escuchado quejas sobre el edificio que se construye para la nueva Escuela de Educación Técnica, criticando su dimensión); el reclamo por mejoras en determinados niveles educativos es generalizado y no puede desconocerse. Son recurrentes las quejas por los bajos índices de comprensión lectora de los alumnos, que podrían ser la raíz del problema educativo, pero que es un lamento generalizado en Latinoamérica; podrá decirse “mal de muchos, consuelo de tonto”, pero al identificarse el problema se puede avanzar en soluciones; por otra lado no puede escindirse la situación social con la aplicación de políticas alejadas de brindar soluciones a los sectores vulnerables.
Pero lo propuesto por el gobierno en la denominada “Ley Ómnibus” que el presidente Javier Milei envió al Congreso no es indicativo de preocupación por la educación ya que dispone en uno de sus artículos que los niños desde los 9 años puedan transitar la escuela de manera virtual, con lo que quita la obligatoriedad de la presencialidad establecida en la Ley de Educación.
El cambio se observa en el artículo 550 del proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. En el texto se propone cambiar el artículo 109 de la Ley de Educación 26.206.
Originalmente, la norma vigente establece con claridad que los estudios a distancia están permitidos desde los 18 años y menciona como excepción que, en el caso de la modalidad rural, podrán implementarse modalidades virtuales desde el ciclo orientado del nivel secundario.
“Los estudios a distancia híbridos como alternativa a la educación presencial, a partir del segundo ciclo del nivel primario para menores de edad, jóvenes y adultos, podrán impartirse en las distintas modalidades educativas”.
Con esto, queda claro que el proyecto propone que niños desde los 9 años puedan seguir sus estudios de forma virtual.
Recordemos que cuando el gobierno de Alberto Fernández decretó la Emergencia Sanitaria por la epindemia de Covid 19, determinando el dictado de clases en forma virtual, el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que habilitara la presencialidad.
Hasta ese momento el índice de mortalidad en la Argentina era uno de los más bajos en comparación con todos los países; a partir de la respuesta positiva de la Corte, el índice trepó un 52 % en tres meses, ubicando a la Argentina en el 17° lugar. Ante esta vuelta a la virtualidad que se proyecta en la “Ley Ómnibus”, no se ha escuchado protestar al calvo ex Jefe de Gobierno, que estuvo siempre muy presto a criticar al gobierno nacional; tampoco lo han hecho los sesudos editorialistas de La Nación.
En este momento de tanta incertidumbre, sin certezas de nada, los comunes mortales depositamos nuestra fe y esperanza en que quienes representan en el Congreso de la Nación a las provincias argentina –Senadores- y al pueblo de la Nación –Diputados-, se pronuncien en contra de un DNU y de un proyecto de “Ley Ómnibus” -que han rechazado unánimemente destacados constitucionalistas-, aunque lo sea en defensa propia, porque es nada más y nada menos que la eliminación del Congreso de la Nación, ya que se le otorgan facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo.
