A dos años de gobierno, el presidente Javier Milei acumula un conjunto de leyes, decretos y medidas que, según un análisis de conjunto, configuran una transferencia sistemática de recursos desde los sectores más vulnerables y la clase media hacia la minoría más acaudalada, beneficiando a grandes empresas, el agroexportador y los inversores financieros.
El balance muestra una clara división entre sectores ganadores y perdedores. Entre los principales beneficiarios se encuentran:
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Grandes contribuyentes: rebaja en Bienes Personales (menor alícuota, mínimo no imponible más alto y estabilidad fiscal por 15 años).
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Sectores de altos ingresos: eliminación de impuestos internos a autos de lujo y reducción de aranceles a importación de vehículos eléctricos (costo fiscal estimado en USD 350 millones anuales).
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Agroexportadores y minería: reducción generalizada de retenciones.
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Grandes inversores extranjeros: Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con beneficios fiscales por 30 años.
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Evasores y empleadores no registrados: sucesivos blanqueos (más de USD 20.630 millones ingresados) y condonación de deudas por personal no registrado, eliminando sanciones penales.
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Empresas energéticas: restitución de subsidios a usuarios de altos ingresos, mientras se recategorizó a 2,1 millones de hogares de bajos ingresos que perdieron el subsidio, con aumentos de hasta 484%.
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Mercado Libre: mantiene el régimen de Zona Franca con subsidios por más de USD 100 millones anuales.
En el otro extremo, los perjudicados son:
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Consumidores: restitución del IVA a la canasta básica.
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Jubilados: congelamiento del bono, cambio en la fórmula de movilidad (jubilaciones hasta un 32% por debajo de lo que hubieran alcanzado) y venta de bonos del FGS por USD 22.000 millones.
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Trabajadores: un millón de personas volvieron a pagar Ganancias; aumento del monotributo del 110,9% en los primeros 20 días de gestión.
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Usuarios de servicios públicos: tarifas de luz, gas y agua subieron 514% en el GBA; transporte público 402%; alquileres 512%.
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Industria y Pymes: caída de la actividad industrial del 10,9%, cierre de más de 19.000 pymes y 25.000 comercios, pérdida de más de 260.000 empleos según el INDEC, y más de 100.000 puestos destruidos en la construcción.
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Educación y ciencia: eliminación del FONID, caída de la inversión educativa del 47,7% entre 2023 y 2025, recortes en INTI (-45%), CNEA (-43%), INTA (-35%), y caída salarial del 33% para docentes universitarios y 37% para investigadores.
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Trabajadores en general: la reforma laboral habilitó jornadas de 12 horas, flexibilizó despidos y redujo derechos.
El costo fiscal de los beneficios a sectores de altos ingresos (solo en bienes suntuarios, 350 millones de dólares anuales) equivale a años de presupuesto del CONICET, en un modelo que profundiza la desigualdad.
