El presidente Javier Milei estudia la posibilidad de firmar un indulto a militares condenados por crímenes de lesa humanidad el próximo 24 de marzo, en coincidencia con el 50° aniversario del último golpe de Estado, una medida de alto impacto político que busca desplazar el foco de la crisis económica y disputarle el voto militar a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Según confirmaron dos abogados que colaboran con la iniciativa, el equipo presidencial analiza los aspectos legales, políticos y comunicacionales del eventual indulto. Actualmente hay 539 represores detenidos, de los cuales 454 se encuentran en arresto domiciliario, según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
La fecha elegida no es casual: el 24 de marzo concentra cada año la mayor movilización social en repudio al terrorismo de Estado. Firmar un indulto ese día sería leído como una provocación de máxima intensidad, en un contexto donde el gobierno enfrenta una caída en la imagen presidencial (la negativa ronda el 60%), inflación al alza, recesión y cierre de fábricas.
Paralelamente, la medida permitiría a Milei apropiarse de una bandera histórica de Villarruel —quien construyó su identidad política en torno a la «memoria completa» y la defensa de militares procesados— y erosionar su base electoral. El antecedente más reciente fue la visita de diputados libertarios a Alfredo Astiz en Ezeiza, de la que Milei intentó despegarse.
Juristas advierten que los delitos de lesa humanidad tienen un estatus especial en el derecho internacional que hace extremadamente controversial el indulto, como ya ocurrió con Carlos Menem. La decisión final aún no está tomada.
