La diputada nacional afirmó que desde enero de 2025 se registraron 420 actuaciones judiciales vinculadas con pedidos de atención, cobertura y prestaciones para personas con discapacidad en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Según su relevamiento, equivale a una presentación cada 36 horas.
La diputada nacional Marianela Marclay puso el foco en la creciente judicialización de los reclamos relacionados con las prestaciones para personas con discapacidad y sostuvo que el impacto de las políticas del Gobierno nacional también puede observarse en el ámbito judicial.
De acuerdo con un relevamiento difundido por la legisladora, desde enero de 2025 y durante el período transcurrido de 2026 se contabilizaron 420 actuaciones judiciales en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay vinculadas con reclamos por atención, cobertura y prestaciones para personas con discapacidad.
Marclay señaló que el número representa, en promedio, una nueva presentación judicial cada 36 horas.
“Hay una imagen que explica mejor que cualquier discurso lo que está pasando: las familias dejaron de peregrinar solamente por hospitales, prestadores y organismos públicos. Ahora también tienen que peregrinar por los tribunales para conseguir una prestación que debería estar garantizada”, expresó.
La diputada entrerriana realizó estas consideraciones durante su participación en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, donde destacó la cantidad de casos que, según su relevamiento, llegan al fuero federal de Concepción del Uruguay.
“Estamos hablando de un Juzgado Federal que interviene en investigaciones de narcotráfico, trata de personas, contrabando y delitos federales complejos. Y que hoy recibe sistemáticamente a familias que llegan buscando que alguien obligue al Estado o a los organismos correspondientes a garantizar una atención”, sostuvo.
En esa línea, agregó: “Cuando la última puerta que queda abierta es la de un juzgado, significa que todas las anteriores fallaron”.
Cuestionamientos al impacto del ajuste
Marclay planteó que la situación de las personas con discapacidad y de sus familias no debería ser analizada exclusivamente desde una perspectiva presupuestaria.
“El problema no es solamente cuánto recorta un gobierno. El problema es a quién decide hacerle pagar el costo de ese recorte. Y eso también lo empezamos a ver en el Presupuesto 2027”, afirmó.
La legisladora también cuestionó el impacto que, según su mirada, tienen las dificultades en el sistema de prestaciones sobre las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores y las instituciones.
“Una terapia no es un gasto superfluo, un acompañante terapéutico no es un privilegio, una pensión no es un regalo y una institución que atiende personas con discapacidad no puede ser considerada simplemente un costo”, manifestó.
La situación de la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Ley 27.793, sancionada en julio de 2025, declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Entre sus disposiciones contempla medidas relacionadas con pensiones no contributivas, prestadores, actualización de aranceles y el fortalecimiento de las políticas destinadas al sector.
El Poder Ejecutivo había vetado inicialmente la norma mediante el Decreto 534/2025, pero el Congreso insistió con su sanción. Posteriormente, el Ejecutivo promulgó la ley mediante el Decreto 681/2025, aunque estableció que su ejecución quedaba suspendida hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas presupuestarias correspondientes.
En febrero de 2026, el Gobierno aprobó mediante el Decreto 84/2026 la reglamentación de la Ley 27.793. La normativa tomó en consideración, entre otros antecedentes, decisiones judiciales vinculadas con la aplicación de la emergencia en discapacidad.
Sobre este proceso, Marclay cuestionó que la implementación de las medidas haya atravesado distintas instancias políticas y judiciales.
Críticas a Frigerio
La diputada también dirigió cuestionamientos al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por su posicionamiento frente al Gobierno nacional.
“Frigerio no puede comportarse como un comentarista de las consecuencias de un modelo que decidió acompañar. Acompañar un rumbo también implica hacerse responsable políticamente de sus consecuencias”, sostuvo Marclay.
Sus declaraciones se enmarcaron así en el debate sobre el financiamiento y el acceso efectivo a las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, en un contexto en el que distintos reclamos vinculados con el sector han llegado a los tribunales.
