La diputada nacional Marianela Marclay cuestionó las políticas implementadas por los gobiernos de Rogelio Frigerio y Javier Milei en materia de alimentación escolar y reclamó respuestas concretas sobre el financiamiento, la calidad nutricional y el impacto del nuevo sistema de provisión de alimentos en Entre Ríos.
La legisladora realizó sus declaraciones luego de analizar la respuesta oficial a un pedido de informes que presentó junto con el diputado nacional Guillermo Michel y el senador nacional Adán Bahl. El requerimiento buscaba conocer los fundamentos del nuevo esquema, los alimentos destinados a los estudiantes, sus características nutricionales, los costos y las fuentes de financiamiento.
Marclay sostuvo que la información recibida resulta insuficiente y cuestionó que parte de la documentación solicitada no haya sido incorporada de manera concreta. En ese sentido, señaló que no se adjuntaron los menús completos, las fichas nutricionales de los productos ni un detalle comparativo de los costos entre el sistema anterior y la nueva modalidad.
También reclamó precisiones sobre la ejecución presupuestaria, los recursos aportados por la Nación y la Provincia y los convenios utilizados para financiar el servicio. “Las responsabilidades de Frigerio y Milei no pueden diluirse entre expedientes y enlaces al presupuesto”, afirmó.
Otro de los aspectos señalados por la diputada fue la ausencia de estudios sobre el impacto del nuevo sistema en el comercio, el empleo y la producción entrerriana. Según indicó, tampoco se habría determinado qué proporción de los fondos destinados a las compras permanecerá dentro de la provincia ni cuáles serán las consecuencias para las economías locales.
En ese marco, Marclay advirtió que el cambio de modalidad podría afectar a almacenes, productores y distribuidores de distintas localidades. “Cambian el sistema sin saber cuántos proveedores pueden quedar afuera ni cuánto dinero dejará de circular en nuestros pueblos y ciudades”, cuestionó.
La legisladora reclamó finalmente que se entregue la documentación pendiente y que se establezcan garantías respecto de la calidad y continuidad de las prestaciones alimentarias. “La alimentación de los chicos exige planificación, financiamiento y transparencia”, sostuvo, y aseguró que continuará reclamando información sobre el funcionamiento del sistema y las responsabilidades de los gobiernos nacional y provincial.
