Los ruidos internos y la economía condicionan el tablero electoral

Semana de intensa actividad en el Congreso nacional, mientras Alberto Fernández realizó una gira por Europa. Inflación y adelantamiento de los aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El pedido de Bordet y la carta de Oliva.

Por Mariano Osuna



Luego del letargo de los primeros meses del año, principalmente en la Cámara Baja, el Poder Legislativo destrabó su agenda de trabajo y aceleró con la conformación de las distintas comisiones. Durante la semana, comenzó el debate sobre los proyectos de Boleta única, resistido mayoritariamente por el Frente de Todos, pero con un cronograma de debate que se encuentra estipulado desde la última Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de la Nación. La oposición, incluyendo alguna banca del Frente de Izquierda y de Provincias Unidas, el bloque que conforman los partidos provinciales de Río Negro, Neuquén y Misiones, aprobará esa iniciativa y luego deberá ser girada al Senado, donde incluso hay legisladores del oficialismo que también votarán a favor, como Edgardo Kueider. Más allá del tema específico, el hecho político opositor de imponer como prioridad esta discusión, fue un triunfo de Juntos por el bloque e Interbloque Federal. No obstante, son las mieles de una conquista en un radar de alcance microclima, que solo apunta a la capitalización de la oportunidad de colocar en aprietos al Gobierno y la bancada del Frente de Todos.

En simultáneo, se encuentra en cuarto intermedio el debate sobre la Ley de Compre Argentino, que otorga preferencia a los proveedores nacionales en las compras públicas y fomenta procesos de transferencia tecnológica a favor de las empresas locales. Se trata de una de las anunciadas medidas del paquete económico promovidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, que espera con su aprobación el ahorro de unos 500 millones de dólares. También a la par, la Cámara Baja prosiguió el tratamiento por la modificación de la Ley de Alquileres, atravesada por el lobby inmobiliario que desea reducir las duraciones de los contratos y acortar los plazos de aumentos de los mismos. Luego de días de negociación, no hubo acuerdo posible y su tratamiento finalizó con tres dictámenes distintos hacia la convocatoria de la próxima Sesión: El primero es del Frente de Todos, que mantiene los tres años de contrato y las actualizaciones anuales, pero proporciona facilidades respecto a las garantías de los inquilinos; el segundo, de Juntos por el Cambio, que devuelve la duración de los contratos a dos años y regresa los aumentos cada seis meses; y el último es la iniciativa del Interbloque Federal, que nuclea a los socialistas de Santa Fe, los peronistas de Córdoba y los peronistas disidentes bonaerenses, que también retrocede a los dos años de contrato, pero estipula aumentos escalonados acordados entre las partes. La mayoría de los inquilinos cuestionan los índices utilizados para los incrementos, más en tiempos de una significativa inflación, pero al mismo tiempo en general acuerdan con los plazos de tres años y con las actualizaciones una vez al año. Ahora se espera que el proyecto llegue a la Sesión, donde todo puede pasar, incluso nuevas modificaciones.

Fondo para cancelación de la deuda con el FMI

El Senado dio media sanción al proyecto que crea un Fondo para pagar la deuda con el FMI

Como informó Punto y Seguido, la columna política de los domingos en Diario La Calle, el Senado viene marcando en las últimas semanas una agenda de temas duros y estructurales para el debate político, como por ejemplo la composición del Consejo de la Magistratura, la ampliación de la Corte Suprema, la nueva moratoria para personas que tengan edad para jubilarse pero le falten años de aporte y el proyecto, recientemente aprobado, que crea un Fondo para la cancelación de la deuda con el FMI. Ésta última iniciativa fue sancionada por 37 votos a favor y busca el pago de ese crédito con el organismo financiero internacional mediante dólares de argentinos en el exterior no declarados. Vale recordar que el Gobierno nacional acordó una refinanciación de la deuda de 44 mil millones de dólares, contraída en 2018 por Mauricio Macri. Esa consonancia tenía como propósito demorar los vencimientos de 2022 y 2023 que alcanzaban casi 39 mil millones, con el fin de darle un respiro a la economía doméstica y al plan económico del Gobierno nacional. La reprogramación de pagos dejó como resultado la suspensión del primer vencimiento para 2026, aunque establece el pago de los intereses durante los próximos años. Marcado por el propio debate sobre los aciertos y los errores de la negociación del Ejecutivo con el Fondo, el proyecto presentado por el senador Oscar Parrilli, plantea una herramienta frente al dilema de cómo, quién y de qué manera se paga la deuda. Ahora el proyecto pasará a Diputados, donde se vislumbra un escenario más complejo para la aprobación definitiva.

El dilema de la economía
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que la inflación de abril fue de 6%, lo que da un acumulado en el primer cuatrimestre del año de 23,1% y un interanual de un 58%. Luego del 6,7% de abril, con los efectos de las configuraciones de la geopolítica y también de la alza en los precios de los artículos escolares, los números de abril no cesaron y marcaron un nuevo aumento en el rubro de alimentos, donde se destacan las subas en aceite, pan, lácteos y carnes. A la par de los anuncios y los cronogramas de pagos de los refuerzos para monotributistas, trabajadores precarizados y jubilados, esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció el adelantamiento de las fechas dispuestas de los incrementos del Salario Mínimo, Vital y Móvil como también confirmó que se subirá el piso del Impuesto a las Ganancias. El primer reclamo había sido trazado por el diputado Máximo Kirchner, que presentó un proyecto de Ley sobre el tema, mientras que el segundo fue planteado por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, en una reunión cara a cara.

Mientras transcurrían esos anuncios, con sus debates al interior de la coalición de Gobierno, el presidente Alberto Fernández realizaba una gira por Europa, donde mantuvo reuniones bilaterales con los presidentes de España y Francia, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, y el canciller alemán Olaf Scholz. La recorrida dio oxígeno político al Mandatario argentino, atravesado por las circunstancias de la geopolítica, por los acuerdos comerciales con los países de occidente y por la necesidad de dejar correr el río luego del discurso de Cristina Fernández en la Universidad Nacional de Chaco.

Más allá de los debates internos en el oficialismo sobre las formas y los fondos, la economía no deja de ser el escollo principal en una sociedad donde se ha naturalizado los bolsillos angostos y el deterioro de la calidad de la vida cotidiana. Desde 2017 hasta acá, la movilidad social, el shock de ingresos y la posibilidad que los salarios ganen a la inflación se volvieron anhelos imposibles que no permiten la planificación de los proyectos de vida como tampoco la organización diaria. La resignación y la bronca social como respuesta se traduce en la despolitización de lo social y desmovilización ciudadana. A eso agregarle las secuelas de una pandemia que dio vuelta al mundo, agudizó las desigualdades existentes y trastocó nuestras formas de vincularnos, de encontrarnos y de habitar los espacios públicos, la recreación y los trabajos. La pérdida de esa brújula, que marque un horizonte posible mejor, es la principal deuda del Gobierno, que no logra penetrar con su capacidad de convocatoria, agravado por la propia confusión de la comunicación política hacia una apoyatura social cada vez más diversa.

Entre cartas y gobernabilidad
Durante la gira, Alberto Fernández deslizó sus intenciones de reelección, aunque luego intentó relativizar su propia definición. Desde Argentina, casi paradójicamente, el silencio posterior del oficialismo dijo mucho sobre la proclama presidencial, en un clima complejo al interior del Frente de Todos. La primera voz a favor fue el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Luego lo acompañaron el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández y el canciller Santiago Cafiero. En ese mismo sentido, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, afirmó en una entrevista a Radio Ciudadana de Concordia que “hay que aportar a la gobernabilidad” de Fernández, cuestionó las “chicanas e internas” en la dirigencia nacional, explicó que eso no se traduce en el escenario entrerriano y pidió concentración en “la agenda de la gente”, vinculada especialmente a la inflación y la situación socio-económica.

Punto y Seguido explicó que el debate abierto en el oficialismo nacional no tiene eco en el tablero provincial. Incluso no existen definiciones certeras sobre dos temas cruciales para la estrategia electoral de un oficialismo donde el Gobernador no puede ser reelecto: se trata del desdoblamiento de las elecciones para abril y junio y de la libre participación en internas con la inclusión de las respectivas minorías. El contexto provincial implica que hay precandidaturas con el chip puesto en la campaña y los comicios mientras no hay claridad sobre las principales decisiones respecto a la conducción del proceso, que se encuentran en manos del Gobernador.

En varias columnas de los domingos, se profundizó sobre las posibles candidaturas, sobre las dificultades del oficialismo en la capacidad de movilización política y respecto a los problemas de instalación de un nombre fuerte que aglutine los deseos sociales hoy dispersos. Más aún sabiendo que con el desdoblamiento, los tiempos se vuelven mucho más cortos e intensos. Eso habla también de las dificultades del peronismo para contener esas demandas, sumado a un humor social precario entre pandemias y la falta de incentivo hacia una mejora de vida y movilidad social. Además, sumarle la preocupación que vislumbra una difícil parada a nivel nacional y las figuras ya instaladas en la otra vereda del ring entrerriano, en Juntos por el Cambio.

En ese casi no debate al interior del oficialismo entrerriano, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, reclamó el reconocimiento al departamento en la fórmula provincial del año próximo. Como también lo hacía el ex vicegobernador Eduardo Lauritto, el ex Director del Hospital Urquiza alzó la voz para que la dirigencia provincial mire el ensayo de internas realizado en 2019 como también el estilo de construcción política en el departamento. Hace 10 días, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz estuvo en la capital entrerriana, donde se reunió con Oliva. El encuentro fue difundido en redes con un detalle, una carta que el Jefe comunal envió al ministro de Economía, Martín Guzmán, con el objetivo de valorar su gestión. Ninguno es un paso casual, más en tiempos que se difunden videos que hablan de una vuelta a la batalla electoral de Lauritto, siempre jubilado pero con gran aceptación social como candidato para cualquier contienda.

A menos de un año de las elecciones, siguiendo un calendario desdoblado, el debate excedido en la coalición a nivel nacional es la discusión que carece en el tablero provincial y los escenarios municipales. Si la situación económica es el principal problema, la falta de definición sobre los procesos que se avecinan es el eslabón siguiente. Los tiempos corren y el margen se vuelve cada vez más angosto.

Bahl y Cresto, dos candidatos del oficialismo con el chip de gestión y campaña hacia 2023
Eduardo Lauritto y Martín Oliva reclaman reconocimiento provincial al departamento