Salvo cuatro provincias, los otros distritos esperan definiciones electorales nacionales para decidir la mejor estrategia. La aprobación del Presupuesto 2023, el debate legislativo y la economía, como escenario principal de la próxima semana.
Por Mariano Osuna
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció el desdoblamiento de los comicios provinciales, que se llevarán a cabo el próximo 14 de mayo de 2023. El anuncio del Mandatario, mediante el decreto 909, oficializó uno de los ejes a corto plazo que atraviesan las agendas políticas de los gobiernos provinciales y del Ejecutivo nacional. Esa misma estrategia también fue definida por los distritos de Tucumán, Jujuy y Río Negro, mostrando que esa opción aparece en los distintos bloques electorales, vinculada a diversas características de las propias realidades políticas, sociales y económicas de cada lugar. En Salta, el peronismo local ha zigzagueado entre los oficialismos, no solo durante esta gestión, donde su Mandatario fue candidato a vicepresidente de Sergio Massa en 2015 y luego llegó al poder cuatro años después con una alianza con sectores de ambos lados de la polarización de esos tiempos. Su antecesor, Juan Manuel Urtubey, tuvo esa misma impronta, e intentó construir una avenida del medio que lo llevó en fórmula con Roberto Lavagna en la última votación presidencial, que luego sostuvo con esporádicos encuentros junto a dirigentes y militantes del PRO y también del oficialismo. Por su parte, en Río Negro, como en Neuquén y Misiones, conducen experiencias partidarias regionales que se vinculan institucionalmente con los ejecutivos nacionales de turno. En Jujuy, donde gobierna el radical Gerardo Morales, presidente de la UCR y precandidato presidencial, no hubo sorpresas sobre la decisión de desacople con el calendario general. Metido en la aporía nacional, siempre fue un distrito donde su caudillo ha predicado un estilo propio de oposición, alejado de las voces de Juntos por el Cambio que no tienen responsabilidades ejecutivas. Tal vez en Tucumán, donde comanda transitoriamente Osvaldo Jaldo, que reemplaza al actual jefe de Gabinete Juan Manzur, que se encuentra en licencia, es donde más llamó la atención el apuro en el desdoblamiento, aunque lo ocurrido en 2021 recuerda la pérdida de votos entre las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y los comicios generales, como consecuencia de la polarización.
Otros distritos, especialmente aquellos administrados por el Frente de Todos, tienen esa definición sobre la mesa, a la espera de la situación de la coalición gobernante nacional y del desenlace del escenario económico. Como anticipó Punto y Seguido, la columna política de LA CALLE, el peronismo entrerriano se encuentra en ese lote de indecisos, profundizado por la postura de mandatarios propios y ajenos respecto a la idea de suspensión de las PASO, vinculado al ahorro fiscal pero también a las peculiaridades del tablero político y territorial de cada provincia.
Anuncios económicos
El ministro de Economía, Sergio Massa, regresó de su nueva gira de reuniones por Estados Unidos, que tuvo previamente otras tres comitivas, encabezadas por el tigrense en la primera ocasión, luego por el presidente Alberto Fernández y después por el ministro del Interior Wado de Pedro. Tras su regreso, el gabinete económico definió los próximos pasos a seguir, especialmente sobre el Impuesto a las Ganancias, las importaciones, las políticas de acceso al consumo, los acuerdos de precios y el esperado bono para los sectores más vulnerados, en un contexto donde la aprobación del Presupuesto, la variación del dólar y la sostenida inflación, siguen siendo las principales preocupaciones de Hacienda.
El martes pasado, el Gobierno nacional confirmó que el mínimo no imponible para que los trabajadores paguen ganancias se elevará desde noviembre a 330 mil pesos, eximiendo a casi 400 mil personas del Impuesto. Un día antes, Massa puso en funcionamiento el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el objetivo de dar ordenamiento y fiscalización a dichas actividades comerciales, y contribuir a la erradicación de maniobras de sobrefacturación, que la vicepresidenta Cristina Fernández definió como “festival de importaciones” en tiempos de gestión económica de Martín Guzmán. Uno de los cambios con el nuevo esquema fue impedirles la participación en el SIRA a las empresas que presenten cautelares. Esa definición tuvo sus primeros resultados, ya que durante la semana, distintas firmas como City Blanco, Yoko, Larroca y Correa, retiraron la judicialización efectuada para avanzar en importaciones por cifras millonarias, calculadas en 218 millones de dólares.
Por otro lado, este viernes también entró en vigencia el plan de 30 cuotas fijas mensuales para la compra de electrodomésticos que no superen el valor de 200 mil pesos, como ampliación del programa Ahora 12, y que continuará hasta el próximo 22 de diciembre. Además, en ese listado de anuncios, hubo un apartado para el anticipado bono para sectores que no son asalariados, monotributistas, titulares de programas sociales ni beneficiarios de ninguna ayuda monetaria del Estado, con parte de lo recaudado con el dólar a 200 pesos para la exportación sojera. Justamente mañana inicia la inscripción, sin turno previo, en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), para el refuerzo alimentario de 45 mil pesos para personas entre 18 y 64 años, a pagarse en dos cuotas de 22.500 pesos.
El punto más problemático de esa hoja de ruta es lograr un acuerdo con las cadenas de comercialización de alimentos, para controlar las remarcaciones y conseguir un amplio listado de productos con precios congelados o con incrementos graduales. A la par, la Secretaría de Comercio está diseñando el Programa Precios Justos, una nueva herramienta con una nómina que incluirá entre 1500 y 2000 productos, donde el equipo económico busca que los precios finales se encuentren impresos en los envases. Este último pedido trajo rechazos en las principales empresas que monopolizan las góndolas, con justificaciones respecto a los costos extras de las modificaciones en los empaquetados y las demoras que eso conlleva para los planes iniciales de ponerlo en vigencia desde el 1 de noviembre por una duración de 90 a 120 días. Durante la semana, el Ministerio de Economía mantuvo reuniones con las firmas Molinos, Nestlé, Procter and Gamble, Aceitera General Deheza (AGD), Coca Cola, Bimbo y Quilmes. Diferentes líneas de acción post viaje a Estados Unidos, que se encuentran atravesadas por un combo explosivo donde la cuestión paritaria del último trimestre del año es central.
Presupuesto 2023
El jueves pasado, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, dio dictamen al proyecto de Ley de Leyes, que estipula los recursos de la administración general para el ejercicio del año próximo. A diferencia del debate del año pasado, cuando la oposición votó en contra del presupuesto, incluidos los rechazos de los socialistas santafesinos, del peronismo cordobés de Juan Schiaretti, del Frente de Izquierda y de los sectores peronistas bonaerenses fuera del oficialismo, en este proyecto el contexto y el ambiente fue otro. Pasaron 32 horas de debates, con las visitas de ministras/os, funcionarias/os, la Oficina de Presupuesto del Congreso, titulares de empresas y organismos del Estado, con un acompañamiento en general, pese a la negativa de la Coalición Cívica y parte del PRO. Luego vendrá la votación en particular por articulado, en la Sesión Especial que se dará este martes 25, a partir de las 12.30Hs.
Unas de las modificaciones en la última semana de debate y tratamiento tuvo que ver con la aparición en el texto de un artículo para que jueces y empleados del Poder Judicial paguen impuesto a las ganancias, que se calcula en una recaudación de 237 mil millones de pesos, una cifra nada despreciable en tiempos de equilibrio macroeconómico y austeridad fiscal. En el dictamen final, firmado con los apoyos del Interbloque Federal y de Provincias Unidas, se incluyó que el 70% de lo recaudado será destinado para el programa de respaldo a estudiantes argentinos (Progresar) y para Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), mientras que el 30% restante financiará el equipamiento de las fuerzas de seguridad y la creación de un programa para combatir la inseguridad en Rosario.
En relación a los números generales de la economía, hubo cambios consensuados con la oposición respecto a la incorporación de una enmienda sobre la inflación, pronosticada en un 60% anual, si superan las proyecciones estimadas para el 31 de agosto, para que el Ejecutivo envíe al Congreso esa ampliación de recursos presupuestarios. Otro de los temas que tuvieron variaciones en la última semana fue el Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros urbano y suburbano del interior del país, un tema clave para los gobernadores, que no quieren repetir la situación de 2018 y 2019 cuando la administración de Cambiemos desarticuló los subsidios en esa materia y las provincias debieron hacerse cargo y multiplicar la inversión. Un tema que tiene demandas estructurales y deudas históricas, tangible en los cinco días de paros, entre la semana pasada y la próxima, lanzado por el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA). El proyecto que se aprobará este martes contempla la asignación de 85 mil millones de pesos como piso, destinando unos 25 mil millones extras de lo estipulado en el proyecto original enviado por el Ejecutivo.
Previo a conocerse la incorporación del artículo para que el Poder Judicial también pague ganancias, el bloque Evolución Radical había anticipado su acompañamiento al proyecto de Presupuesto. Ese tema, sumado a las retenciones, aparecen como los tópicos más conflictivos hacia la sesión de pasado mañana. Habrá que esperar definiciones de los legisladores de las provincias de Corrientes, Jujuy y Mendoza, gobernadas por el radicalismo, y de los diputados que responden al cordobés Juan Schiaretti, aunque su interbloque fue firmante del dictamen del jueves, sobre la iniciativa que además proyecta un crecimiento del 2%, un dólar para fines del 2023 a $270 y un déficit fiscal del 1,9% sobre el Producto Bruto.
Referencias al interior de las coaliciones
Con la prioridad puesta en la economía, especialmente en la situación inflacionaria y las consecuencias en el poder adquisitivo de las familias, la cercanía de los tiempos proselitistas pone en evidencia las diferencias internas en el oficialismo, visibles en los distintos actos por el Día de la Lealtad Peronista, rememorando los hechos del 17 de octubre de 1945. Con un perfil más bajo, ligado a la gestión más cotidiana, el presidente Alberto Fernández no renuncia a su deseo reeleccionista, aunque en todas las encuestas, sondeos y focus group aparece tercero en la consideración de referencialidades y posibles candidaturas dentro del Frente de Todos. Cristina Fernández, que nunca perdió la centralidad política, sigue siendo la principal electora de la coalición, con un núcleo duro que se ha mantenido en el tiempo. El juicio por la causa denominada Vialidad y el intento de magnicidio ratificaron ese protagonismo, capaz de canalizar la necesidad de movilización social y de las bases militantes del peronismo, aunque la ex Mandataria repite en cada charla que no tiene intenciones de volver al sillón principal de Casa Rosada. Cierra el podio principal Sergio Massa, que nunca escondió sus anhelos de presidencia y tomó otra relevancia desde su llegada al Ministerio de Economía, además de ser el único que tiene diálogo cotidiano con todas las patas del Frente. Allí están los gobernadores, que crearon una Liga para posicionarse en el debate político, algunos con agenda para una proyección nacional, los sindicatos, los partidos minoritarios y los movimientos sociales. Fuera del trío principal, el mandatario bonaerense Axel Kicillof es el otro nombre que siempre aparece, aunque las fichas están puestas en retener la principal provincia, que además representa un 37% del electorado nacional.
Por el lado de Juntos por el Cambio, las disputas se agudizaron también al interior de los partidos integrantes de la alianza opositora, especialmente los dos mayoritarios. En el PRO el candidato natural desde 2019 fue Horacio Rodríguez Larreta, que después de la derrota nacional quedó como jefe de la trinchera más importante del partido amarillo. El triunfo de los comicios de medio término de 2021 dieron impulso a otros sectores más fundamentalistas del partido, condicionado además por el crecimiento de sectores libertarios con los cuales compite por parte de su electorado. Eso puso nuevamente en el ring al ex presidente Mauricio Macri, que la semana pasada desarrolló agenda junto a su ex compañero de fórmula Miguel Pichetto y el precandidato a gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Esa posición más dura también la representa la titular del partido, Patricia Bullrich, que también se pone el traje electoral, con la idea incluso de sumar a esos espacios autodenominados libertarios a Juntos por el Cambio. Por su lado, el radicalismo también tiene dos nombres lanzados, en la búsqueda de no cometer los errores de 2015 que dejaron la centralidad a los socios amarillos, como ocurrió de la misma forma en Entre Ríos, cuando el competidor fue el actual senador nacional Alfredo De Ángeli. Esa postura de llevar nombres propios en todos los lugares posibles es una bajada de línea de la nueva gestión del partido, impulsado por el jujeño Gerardo Morales, anotado para las Primarias. El otro nombre es el disruptivo Facundo Manes, mirado de reojo por sus socios internos pero con los números frescos de la experiencia proselitista del año pasado. Como Bullrich, también busca la ampliación de los límites de la coalición, pero hacia sectores peronistas, sintetizados en la referencia del cordobés Schiaretti, en ese intento de avenida del medio que tuvo ensayos fallidos en la antesala de 2019.
Las definiciones al interior de ambas coaliciones, con la diferencia estructural que conlleva ser oficialismo u oposición, porque desarrollarlas durante la propia dinámica que implica la gestión diaria y la conducción política de un gobierno tiene riesgos elementales, como también cuando se deja el poder y se resuelven referencialidades y candidaturas fuera del poder. Esas definiciones nacionales son columna vertebral de las propias decisiones en Entre Ríos. Las que tiene en su lapicera el gobernador Gustavo Bordet respecto a reglas de juego, pero de igual modo las que se vinculan con lanzamientos y candidaturas confirmadas. Si las PASO no se suspenden, porque como adelantamos hoy no están los votos en la Cámara Baja para ello, no hay dudas que el ex ministro Frigerio y Pedro Galimberti repetirán estrategia de 2021. En el oficialismo todo es off the record pero con intenciones visibles en los intendentes Enrique Cresto, Adán Bahl y Martín Piaggio, y la vicegobernadora Laura Stratta, en una lista que también incluye al ex intendente José Lauritto, y en menor medida a la presidenta de la Fundación Iapser y esposa del Gobernador Mariel Ávila, y al actual secretario nacional Juan Bahillo. Los primeros cuatro con agendas y recorridas, pero a sabiendas que aún faltan decisiones básicas para elegir la estrategia provincial. Allí se sumó un nuevo nombre, el historiador y psicólogo Francisco Senegaglia, con amplia formación académica y un largo trabajo sobre la recuperación de la identidad artiguista, interesante para remover y actualizar el debate pero con las deficiencias propias de una estructura aún inexistente. Quedan dos meses para las definiciones provinciales más centrales. Todo está por verse.
