El gradualismo, como estrategia de abordaje a los problemas económicos y sociales que nuestro país tiene, no es una opción viable.
El gradualismo, como estrategia de abordaje a los problemas económicos y sociales que nuestro país tiene, no es una opción viable.
A través de varios artículos publicados en este medio he venido sosteniendo que era indispensable la puesta en marcha de un Plan Integral de Estabilización Económica de shock con el objetivo inicial de eliminar peor de los impuestos que padecemos los argentinos: la inflación.
Al asumir, en 2015, el gobierno Mauricio Macri cometió un error básico de diagnóstico de la situación que estaba heredando.
Creyó que no transparentar la información acerca del verdadero estado de las cuentas nacionales podría ayudarlo a implementar un plan gradualista de corrección de los desvíos y que, de esa manera, podría reducir la inflación.
La experiencia concreta de gestión terminó por demostrar que el camino era el equivocado.
Ahora, la herencia que recibió la administración de Javier Milei no admite ningún grado de comparación con la que recibió Macri en términos de distorsión de las principales variables macroeconómicas y gravedad de las condiciones sociales de la población.
En el inventario de la herencia hay que computar:
- un Estado con un déficit fiscal primario, incluyendo los intereses, que representa un 5.1% del PBI,
- un déficit cuasifical de un 10% de producto,
- un nivel de deuda global de unos u$s 420.000 millones,
- un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional caído por incumplimiento de metas, que habrá que renegociar,
- un Banco Central con un nivel de reservas netas negativas de unos u$s 12.000 millones, cuyo principal componente es el swap con China, el cual no ha sido habilitado para su uso,
- tarifas de los servicios públicos atrasadas
- una deuda global de U$S 422.000 millones
- mercado de crédito internacional cerrado
- tipo de cambio real multilateral atrasado
- Balanza comercial deficitaria
- deuda de importadores de u $s 55.000 millones
- Pobreza de más del 40% e indigencia del 10% de la población.
A partir de esta herencia, la administración Milei inició su gestión con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 y el envío a sesiones extraordinarias del Congreso de un proyecto de Ley Ómnibus que contempla un amplio abanico de reformas.
En simultáneo, se produjo una macro devaluación del peso y el establecimiento de un mecanismo de micro devaluaciones mensuales del 2% (crawling peg), así como la prórroga del Presupuesto 2023, la liberación de precios y la baja de la tasa de interés.
Estas medidas no constituyen un Plan de Estabilización Integral sino que pretenden generar una licuación del gasto público y de los pesos de la economía en general.
El enfoque es puramente fiscalista y no contiene ningún elemento vinculada a una política de ingresos.
La liberación de la inflación reprimida por la gestión Massa ha llevado a que tengamos en el mes de Diciembre pasado un aumento de precios promedio de aproximadamente un 26%, previéndose para el período comprendido hasta abril 2024 una inflación acumulada de alrededor del 100%.
Si bien esta situación puede explicarse como un sinceramiento de la distorsión de precios relativos generado por la administración anterior, no es menos cierto que cabe preguntarse si, en el marco de una tasa de pobreza heredada de más del 40%, es una situación sostenible en términos políticos.
A su vez, si bien la licuación de pesos logró, en el corto plazo, reducir las brechas cambiarias de los dólares financieros con el valor del dólar oficial esto puede ser un efecto que tenga patas cortas a medida que avancemos en el año.
Durante el mes de Diciembre tradicionalmente aumenta la demanda de pesos por parte de las empresas y los particulares, lo que ayudó a reducir la brecha de los dólares financieros.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad de enero este incremento estacional en la demanda de pesos cae y el riesgo de nuevo incremento de la brecha se acentúa.
Con respecto al DNU y el proyecto de Ley enviado al Congreso creemos que es un error la dispersión de áreas temáticas que pretende abarcar y que impide hacer foco en lo importante.
Venimos insistiendo que la prioridad hoy es terminar con la inflación, ese impuesto no legislado que ha transformado a nuestra economía en una eficiente fábrica de pobres.
En este marco, no parece conveniente que la Ley Ómnibus incluya, en su articulado, temas que van desde un listado de empresas a privatizar hasta la eliminación del rol de los abogados en los divorcios de común acuerdo o el uso de togas y martillo por parte de los jueces.
Hacer foco en lo esencial es prioritario. Una ley con semejante nivel de amplitud temática sólo puede generar demoras en su tratamiento y aprobación, y el problema del manejo de las prioridades y el tiempo puede ser un talón de Aquiles para el logro de los objetivos propuestos por la nueva administración.
El gerenciamiento adecuado del tiempo es una de las claves de una gestión económica eficaz.
La eficacia en la implementación de las reformas necesarias es inversamente proporcional al tiempo que demore la aprobación de las mismas, dado que en un contexto de crisis como el que atraviesa nuestra economía mantener los niveles de apoyo social a los programas de transformación requiere mostrar resultados, aunque sean parciales, en el camino elegido.
Llegar al 31 de enero, plazo de finalización de las sesiones extraordinarias convocadas, sin la aprobación de, al menos, el núcleo de reformas que apuntan a consolidar el programa de baja de la inflación, sería muy negativo y pondría en riesgo la sostenibilidad social de las transformaciones.
Los riesgos que acechan son varios: desarme de Plazos Fijos y presión sobre los dólares financieros, caída brusca de la demanda de pesos y aceleración inflacionaria adicional, nuevo retraso en el tipo de cambio, dado el compromiso de ajuste del 2% mensual contra una inflación de 20% promedio en el trimestre y el estado de incertidumbre que paraliza cualquier inversión productiva impidiendo el incremento de la productividad de nuestra economía.
La estanflación (recesión más inflación) anunciada por el propio Presidente puede complicar las cosas y llevar a una caída importante del producto con la consiguiente reducción de la recaudación, en términos reales, lo que conspiraría contra el objetivo de asegurar el equilibrio fiscal y pondría a la economía en un peligroso circulo vicioso de licuación del gasto y disminución de ingresos fiscales.
A nuestro juicio, la priorización de políticas a implementar, la secuencia a lo largo del tiempo de su aprobación y la consolidación de avances en el camino elegido por la nueva administración, son aspectos esenciales que no parecen haber sido considerados adecuadamente hasta ahora.
Una política de shock debe contemplar cuales son las políticas prioritarias, pretender hacer todo al mismo tiempo entraña el riesgo de lograr menos de lo pretendido o, aún peor, lograr sólo la aprobación de lo no esencial.
Por no esencial entendemos todos los temas incluidos en el DNU y en el proyecto de Ley Ómnibus que no implican una directa relación con terminar con el impuesto inflacionario.
La nueva administración recién ha comenzado su gestión. Se está a tiempo de corregir errores y priorizar lo esencial. De la toma de conciencia de esta realidad y de su traducción en políticas concretas dependerá, en buena medida, el logro o no de los objetivos anunciados.
