El Gobernador firmó el apoyo a su par chubutense pero esquivó cualquier crítica al presidente Milei y ratificó coincidencias en el horizonte de sus políticas. Además, recibió el apoyo de la Liga de intendentes justicialistas y de los bloques legislativos opositores, pero rechazó un encuentro con mandatarios peronistas para no quedar en la misma fotografía.
Periodista
Como detalló Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, el frustrado tratamiento en particular de la Ley “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, conocida como Ómnibus, dinamitó los puentes entre el Gobierno nacional y los sectores autodenominados como aliados, que integran los gobernadores de Juntos por el Cambio y de partidos provinciales, como también los bloques de Hacemos Coalición Federal, la Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal y Unidad Federal.
Las duras acusaciones, entre declaraciones mediáticas y posteos de redes sociales, del presidente Javier Milei, convulsionaron aún más el tablero político nacional. Los mandatarios provinciales, especialmente el cordobés Martín Llaryora, el chubutense Ignacio Torres y el riojano Ricardo Quintela, alzaron la voz por los recortes mayoritarios o absolutos de las transferencias discrecionales, las partidas presupuestarias para obras y los montos coparticipables. Allí se encuentra el dinero destinado para las cajas de jubilaciones, el Fondo de Incentivo Docente que impacta directamente en los salarios, los distintos recursos fiduciarios, la asistencia financiera a las 24 jurisdicciones, la inversión en programas de desarrollo regional y el Fondo Compensador del Transporte urbano y suburbano. De igual modo, la eliminación de otros mecanismos nacionales, vinculados al financiamiento del sistema sanitario, la convocatoria a la paritaria docente, la reducción de la coparticipación y la paralización de la obra pública, agudizaron las configuraciones de lo social, donde la Casa Rosada se despegó de responsabilidades históricas de la administración central.
Teléfono roto
Las consecuencias del proceso de devaluación, inflación y recesión de la economía conformaron un complejo escenario, acrecentando los niveles de conflictividad y afectando los planes iniciales de los ejecutivos provinciales. El fallo del juez de Rawson, Hugo Sastre, que dio lugar a la medida cautelar de Chubut por el recorte de los fondos destinados al transporte de pasajeros del interior, tuvo como reacción nacional el descuento de $13.500 millones de los recursos correspondientes a la coparticipación por la deuda que la provincia mantiene en recursos fiduciarios. Por segunda vez, la intransigencia del Gobierno de Milei, como ocurrió en el debate parlamentario de la Ley Ómnibus, puso en un lugar no deseado a los sectores dialoguistas, que previo a la asunción presidencial esperaban una relación cercana a la administración de La Libertad Avanza.
La supresión del Fondo de Incentivo Docente, creado en 1998, desembocó en un comunicado firmado por todas las jurisdicciones, incluidas las administradas por Propuesta Republicana (PRO), como primer paso de una unidad no planificada e incómoda para los mandatarios más cercanos a Casa Rosada. El conflicto abierto con Chubut, profundizado por la advertencia de los gobernadores patagónicos, que incluyó a dirigentes de diversos partidos o coaliciones políticas, y por la amenaza de suspensión del abastecimiento de gas y petróleo, obligó a los diez líderes provinciales, que llegaron al poder desde la alianza Juntos por el Cambio, a unirse detrás de Torres, ya que se encuentran en riesgo diferentes partidas presupuestarias para cada distrito.
El mismo juez Sastre falló a favor de la presentación chubutense y dispuso el cese de la retención de los recursos coparticipables en concepto de reembolsos por las deudas provinciales con Nación. La decisión judicial se dio un día antes del plazo establecido por Torres como fecha límite para la toma de medidas excepcionales respecto a los recursos naturales y el combustible que proviene desde la región patagónica. Sin embargo, el Ejecutivo nacional anticipó la presentación de un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es una herramienta jurídica vigente desde 2012, con el propósito de saltear instancias intermedias para que el máximo tribunal intervenga de manera directa.
Teléfono roto II
Pese al quiebre en la comunicación con los mandatarios provinciales y la judicialización de distintas decisiones sobre los diversos fondos coparticipables o discrecionales, la Casa Rosada profundizó su estrategia con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, que fue constituido en 2020 para reducir asimetrías de recursos con la Ciudad Autónoma. En su conferencia de prensa diaria, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó este martes que “todo lo que sea transferencia discrecional, va a ser recortado”, a tono con las amenazas del ministro de Economía, Luis Caputo, después de la frustrada sesión por la Ley Ómnibus.
Vale recordar que, además de Chubut, hay otras 10 jurisdicciones que mantienen diferentes deudas similares o parecidas con Nación. En ese primer pelotón aparece Tucumán, con una morosidad de 72 mil millones de pesos, un dato que genera suspicacias luego del posicionamiento del peronista Osvaldo Jaldo, que aportó tres diputados a la media sanción en general del megaproyecto enviado por Milei, pero que además fue el único mandatario que cuestionó abiertamente el reclamo de Torres y se paró en soledad en la vereda contraria. Siguen ese listado las jurisdicciones de Chaco, Salta, Santa Cruz, Formosa, Entre Ríos, Catamarca, Tierra del Fuego, Misiones y Jujuy, donde se destaca nuestra provincia como la sexta con mayor deuda ante Nación, con un total de 14.900 millones de pesos.
Teléfono ¿roto?
Desde su asunción como gobernador, Rogelio Frigerio mantuvo un discurso alineado con Casa Rosada, que luego fue ratificado en cada declaración mediática como también en el discurso de apertura del período 145° de las Sesiones Ordinarias del Poder Legislativo provincial. Como explicó LA CALLE, la táctica elegida, similar a la seleccionada por Milei, fue de confrontación con las gestiones peronistas anteriores, con definiciones de pesada herencia recibida y de fantasmas de poca transparencia, con la utilización de la dicotomía de amigo y enemigo, de lo nuevo y lo viejo, del cambio y del statu quo, con una conceptualización similar a la descripción libertaria de casta. No obstante, el conflicto desatado luego del debate fallido de la Ley Ómnibus y la guerra abierta de Casa Rosada hacia las administraciones dialoguistas, condicionaron las posturas de los ejecutivos provinciales y complicaron los planes ideales en sus jurisdicciones.
El Mandatario de Entre Ríos fue uno de los firmantes del comunicado de respaldo a su par Chubutense y de cuestionamiento a la actitud inflexible de Casa Rosada, que tuvo las adhesiones del resto de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que es una coalición electoral que transita su agonía final por las internas del PRO, por las disputas de los liderazgos de esta etapa y por el posicionamiento frente al Ejecutivo nacional. “El Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”, se afirmó en el escrito conjunto. “No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”, se resaltó.
El martes pasado, en uno de los momentos más candentes de la discusión entre Milei y Torres, el Mandatario de Entre Ríos explicó que «la Constitución Nacional es clarísima, pero no se está cumpliendo”, y que todos los recursos “son coparticipables, salvo los de comercio exterior». En otra declaración, expresó que “la convocatoria al diálogo debe ser una responsabilidad de todos, pero antes que nada del Gobierno nacional”, aunque con tono conciliador reconoció que al Presidente “lo votaron la mayoría de los argentinos para que haga un cambio drástico a nivel nacional. Y a mí me votaron para que haga lo mismo en Entre Ríos”. En esa línea, advirtió que si no se buscan “los puntos de encuentro entre los que creemos en el mismo norte para el país, vamos a ser responsables de que vuelva el populismo, lo que la gente decidió que no tenía que volver más, que tenía que cambiar”.
“Hoy no hay mucho vínculo con el Gobierno nacional y eso me preocupa porque somos un país federal. No tiene que haber una contradicción entre las necesidades que requiere un Presidente para poner de pie al país y las necesidades que tienen los gobernadores para llevar adelante la mejor calidad de bienes y servicios públicos”, profundizó Frigerio. No obstante, ante los rumores de una convocatoria de todos los mandatarios provinciales o la posibilidad de una votación conjunta en el Parlamento contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el ex ministro del Interior expresó una frase significativa, con un gesto a Casa Rosada: “nunca voy a acordar con el kirchnerismo”.
¿Y el teléfono local?
En simultáneo a los cruces entre Casa Rosada y los mandatarios provinciales, la Liga de Intendentes Justicialistas y el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos emitieron documentos de respaldo a Frigerio y en defensa a la institucionalidad, la autonomía y los recursos de la provincia. En paralelo, también llegaron los apoyos de los bloques oficialistas y opositores de las dos cámaras legislativas, en un mensaje de unidad sobre el conflicto nacional, que sigue abierto y que anticipa nuevos capítulos. Un comportamiento de colaboración de diputados y senadores, que viene siendo constante, incluso en el paquete de las diferentes leyes enviadas por Casa Gris, como el proyecto que establece el Régimen Legal de Transición de Gobierno, que ayer obtuvo media sanción, de manera unánime, en la Cámara Baja. Un día antes, el ex gobernador y actual presidente del PJ (hasta el 10 de marzo), Gustavo Bordet, la jefa de la Liga de Intendentes peronistas, Rosario Romero, y las autoridades de ambos bloques, Laura Stratta y Martín Oliva, dejaron una fotografía opositora y dejaron mensajes a Frigerio. “Vamos a respaldar cada acción que apunte a la distribución federal de los recursos, pero esperamos una actitud activa del gobierno provincial en defensa de los ingresos y los derechos de los entrerrianos”, afirmaron en un escrito enviado a LA CALLE.
Por su parte, el Gobernador recibió en Paraná a su par santafesino, Maximiliano Pullaro, en un cónclave de la Región Centro del que participaron sus respectivos gabinetes. Pese a la ausencia del mandatario cordobés, Martín Llaryora, la imagen de unidad fue un mensaje con destino nacional. Ambos representan jurisdicciones con intereses regionales similares de una zona productiva fundamental para el país, pero además conforman el polo menos combativo de Juntos por el Cambio hacia Casa Rosada. Incluso, hicieron públicas sus adhesiones a un porcentaje mayoritario de los postulados de La Ley Ómnibus y del mega DNU. Los dos recorren un sinuoso sendero, entre los reclamos por los fondos recortados o suprimidos, el acuerdo ideológico con el norte marcado por Milei, los desafíos de sus gestiones y la necesidad de logros en sus territorios.
