La tensión entre Argentina y el Reino Unido por la cuestión Malvinas sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que el gobierno británico convocara a la embajadora argentina, Mariana Plaza, para abordar el reciente reclamo presentado por el país ante las Naciones Unidas.
La presentación argentina busca frenar proyectos de explotación petrolera en las inmediaciones de las islas, en el marco de las acciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei para cuestionar las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área.
La convocatoria fue confirmada por la subsecretaria de Estado británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien cuestionó la iniciativa argentina. Según expresó en un comunicado difundido en redes sociales, el planteo legal constituye un intento de afectar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica de los habitantes de las islas.
En relación con la actividad petrolera, la funcionaria sostuvo que los proyectos son regulados por las autoridades de las Falklands y afirmó que se desarrollan de acuerdo con la legislación internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
Kumaran también puso en duda la relación bilateral al señalar que las acciones argentinas generan interrogantes sobre la confiabilidad del país como socio del Reino Unido.
Al mismo tiempo, reiteró la posición británica sobre la soberanía del archipiélago y sostuvo que Londres continuará respaldando el derecho de los isleños a la autodeterminación. En ese sentido, aseguró que el Reino Unido mantendrá su apoyo a los habitantes de las islas y a sus intereses económicos.
Arbitraje internacional
El nuevo cruce se produjo luego de que el presidente Javier Milei anunciara el inicio de un arbitraje internacional contra la administración británica por las actividades hidrocarburíferas en el área de Malvinas.
Desde Londres rechazaron la iniciativa y cuestionaron que la Argentina pretenda ejercer jurisdicción sobre actividades desarrolladas bajo administración británica.
El Gobierno argentino, por su parte, advirtió que si el Reino Unido no responde al requerimiento dentro del plazo establecido de dos semanas, recurrirá a un tribunal internacional para solicitar medidas provisionales destinadas a resguardar los derechos que Argentina reivindica sobre los recursos del archipiélago.
Milei sostuvo que las acciones impulsadas por su administración tienen como objetivo detener lo que calificó como un “saqueo ilegal” de recursos argentinos. Las islas se encuentran bajo administración británica desde 1833, mientras que Argentina mantiene su reclamo de soberanía.
En paralelo, la Cancillería argentina informó que envió alrededor de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de unos 30 países. Además, inició cerca de 60 procedimientos administrativos y presentó ante la Justicia argentina al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras y sus directivos, entre ellas firmas de capitales británicos, israelíes y canadienses.
