La Comisión investigadora del criptoescándalo presentará su informe final el 18 de noviembre, estableciendo que existió un «alto grado de participación y responsabilidad política» del presidente Javier Milei en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, donde el 80% de los inversores registró pérdidas mientras solo 36 billeteras obtuvieron ganancias millonarias.
Según las conclusiones del informe, al que accedió Página/12, los hechos no fueron aislados sino que formaron parte de un «modus operandi» en el que Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy actuaron «de manera conjunta y reiterada». La investigación reveló que dos meses antes de la operación con $LIBRA, Milei ya había participado en una maniobra similar con el token $KIP de la empresa KIP Protocol, con los mismos protagonistas.
Los datos técnicos recopilados muestran que 143.142 billeteras participaron en el esquema de $LIBRA, de las cuales 114.410 (79,93%) registraron pérdidas: 498 perdieron más de 100.000 dólares, 3.144 entre 10.000 y 100.000, 10.992 entre 1.000 y 10.000, y 99.776 entre 1 y 1.000 dólares. Solo 36 billeteras obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares.
La Comisión, presidida por Maximiliano Ferraro, enfrentó múltiples obstáculos durante su investigación, incluyendo el bloqueo sistemático del oficialismo, la negativa de funcionarios citados a declarar -entre ellos Karina Milei, señalada como nexo entre los empresarios cripto y el presidente- y la falta de colaboración del Poder Judicial. A pesar de esto, reunió un expediente de diez cuerpos que será remitido al juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano.
Como próximos pasos, la Comisión presentará un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema, denuncias ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Martínez de Giorgi, y ante el Tribunal de Disciplina contra el fiscal Taiano por entorpecer la investigación. También avanzará con denuncias penales contra funcionarios del Poder Ejecutivo que se negaron a colaborar.
Aunque diputados consideran que los elementos reunidos justificarían un juicio político por mal desempeño, reconocen que la nueva composición parlamentaria tras las elecciones -donde el oficialismo aseguró el tercio necesario para bloquear el proceso- dificultará su avance constitucional.
