La propuesta para modificar la edad de imputabilidad en Argentina volvió a instalarse en el debate público tras casos de alto impacto, como el asesinato del joven Jeremías Monzón en Santa Fe, del que participaron otros tres menores de edad. En este marco, el Gobierno nacional sumó al temario de sesiones extraordinarias del Congreso los proyectos sobre el Régimen Penal Juvenil.
En paralelo a la discusión legislativa, que aún no comenzó, los datos del último Informe de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2024) muestran cómo se distribuyeron las causas penales juveniles en el país, qué delitos predominaron y qué respuestas dieron las provincias, aunque con algunas diferencias entre sistemas que limitan la comparabilidad, según explicó Virginia Benincasa, titular de la Oficina de la BGD.
¿Dónde se concentran las causas?
Según el informe correspondiente a 2024, las provincias con mayor cantidad de causas iniciadas contra menores de 18 años son aquellas con mayor población y estructura judicial más amplia: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
En Buenos Aires se registraron un total de 1.802 imputaciones a niños, niñas y adolescentes en causas penales juveniles. Sin embargo, el podio lo encabezó Santa Fe, con 4.551 menores de edad con ingreso en la justicia de menores, por encima de Córdoba, que alcanzó un total de 2.437.
Delitos más frecuentes
En 17 de las 24 provincias del país la mayoría de los casos corresponden a delitos contra la propiedad. El mismo patrón se repite en distritos de distinto peso demográfico, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Salta, entre otros.
En contraste, siete provincias presentan otros delitos como categoría principal, con escenarios más diversos: delitos contra las personas en la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos; y delitos contra la integridad sexual en Jujuy.
Medidas que aplican las provincias
Por otro lado, el informe muestra que las respuestas judiciales priorizan medidas alternativas al encierro. En casi todas las jurisdicciones predominan las medidas socioeducativas u otras como la libertad vigilada, entre otras.
La privación de la libertad aparece como una herramienta excepcional y, en ese caso, las provincias informan el uso de institutos especializados o diversas modalidades de encierro, como los centros de detención.
El proyecto de Milei
El proyecto de Ley Penal Juvenil presentado por el Gobierno nacional propone una reforma integral del régimen vigente. El eje más trascendente es la edad de imputabilidad, que baja a los 13 años.
Entre los puntos centrales, se establece un sistema de sanciones orientado a la educación y resocialización y se redefinen las penas posibles, priorizando las medidas no privativas de la libertad y fijando un máximo de 20 años para las condenas para determinados delitos.
La normativa internacional
Juan Lewis, ex ministro de Justicia de Santa Fe, remarcó que cualquier discusión sobre la edad de imputabilidad debe partir de principios jurídicos sólidos. Entre ellos, señala:
-Principio de especialidad: los menores tienen derechos iguales a los adultos, pero también derechos especiales por su condición de personas en desarrollo, lo que exige un abordaje penal diferenciado.
-Principio de no regresión: Argentina, como Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño, debe respetar los estándares internacionales que protegen a los menores. Reducir la edad de imputabilidad implicaría una regresión en materia de derechos fundamentales.
En tanto, Marisa Graham, ex defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, sumó algunos indicadores claves en el debate. “En Argentina hay aproximadamente 12.200.000 niños. Sólo el 0,55% está vinculado a alguna denuncia penal. Eso significa que el 99,45% de los chicos no comete ningún delito”, explicó.
Asimismo, cuestionó la aplicación territorial de la reforma: “Es una ley pensada para el AMBA, Santa Fe y Córdoba, pero que impone enormes costos a provincias que no tienen el problema”.
