Marcelo Boeykens, abogado querellante, dialogó con LA CALLE y adelantó cuáles serán los próximos pasos procesales.
Por: Matías Dalmazzo
Si bien la novedad se conocía desde la semana pasada, finalmente el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay no inició este lunes el juicio de lesa humanidad, contra dos agentes retirados de la Policía Federal, por secuestros y torturas a un grupo de estudiantes secundarios de la ciudad, ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.
El debate en el marco de la causa “Mimeógrafo 3” fue suspendido, por una solicitud de la fiscal María de los Milagros Squivo, que pidió apartar a dos de los tres jueces que integraban el tribunal, ya que estos habían participado en otros debates de lesa humanidad desarrollados en la provincia.
Las recusaciones de Squivo fueron planteadas contra los jueces Jorge Sebastián Gallino y Lili Carnero, quienes actuaron respectivamente en el juzgamiento al genocida José Darío Mazzaferri y en la denominada «Causa Harguindeguy». Esta situación evidenció un posicionamiento ideológico, según explicó uno de los abogados que integran las querellas y que mantuvo un fluido contacto con este matutino.
Con la intención de profundizar en el tema y dar a conocer pormenores de lo que está ocurriendo puertas adentro del tribunal que funciona en la esquina de calles Galarza y Supremo Entrerriano, la redacción de LA CALLE dialogó al respecto con Marcelo Boeykens, abogado querellante y coordinador del Registro Único de la Verdad.
-¿Cómo se puede explicar desde la querella, el recurso legal que implementó la fiscal Milagros Squivo?
-Sin dudas que este planteo de la fiscal, señalando que en virtud del artículo 55 (inciso primero), dos de los jueces que integran el Tribunal Oral Federal de la ciudad, para esta causa, debían inhibirse, debe ser analizado y entendido con hechos anteriores o maniobras procesales de la propia fiscal Squivo.
Squivo realizó su trabajo durante el período de instrucción de la causa. En esa oportunidad, tuvo la posibilidad de instruir y de pedir la imputación penal, tanto de Varela como de Rodríguez (agentes retirados de la Policía Federal), allá en 2011, cuando se imputaron a todos los otros condenados en la causa Harguindeguy.
Tanto Varela como Rodríguez, fueron señalados por las víctimas con anterioridad y la fiscal no los imputó. Pasó la causa Harguindeguy, donde los testigos nuevamente señalaron a “Manchado” Rodríguez y al cordobés” Varela. Rodriguez era un hombre conocido que trabajaba en una concesionaria de autos de la ciudad, todos lo veían y sabían quién era. Ellos fueron como testigos a la causa Harguindeguy.
En ese momento, que estábamos llevando adelante testimonios, nos dimos cuenta que ese Rodríguez estaba declarando era el que había sido señalado por las víctimas como el “Manchado”. Debido a esto, pedimos que esos testimonios no continuaran y que se remita a la fiscal Squivo, para que forme causa e impute a estas dos personas.
-¿Qué pasó entonces?
-La fiscal no instruyó, no investigó y llegó la causa Mazzaferri, que debió ser juzgado durante la causa Harguindeguy, pero estaba prófugo. Cuando fue capturado, se pudo llevar a juicio oral y público.
En la sentencia de la Causa Massaferri, también el Tribunal Oral de Paraná, por segunda vez le reitera a la fiscal Squivo que debía instruir e investigar la responsabilidad de Varela y Rodríguez. La fiscal, por tercera vez, no investigó y no imputó a Varela y Rodríguez.
Luego llegó la fiscal Josefina Minatta y Squivo se fue al Tribunal Oral Federal. Por su parte, Minatta instruyó como lo ordenaba el Tribunal Oral Federal. Se imputó y se elevó a juicio oral a Varela y Rodríguez.
A días de comenzar el juicio oral, esta fiscal (Squivo) que había obturado, demorado, impedido y que no había investigado, viene nuevamente a imponer la impunidad para estos dos imputados.
A días de comenzar el juicio, Squivo plantea que dos de los jueces ya habían intervenido, Lilian Carneo en la Causa Harguindeguy y el juez Gallino en la causa Massaferri, por tanto debían inhibirse. Lo cierto es que las defensas no habían planteado las recusaciones, sabiendo además que las sentencias Harguindeguy y Massaferri fueron agregadas en el expediente como antecedentes. Se solicitó que sean, más allá de que las sentencias son jurisprudencia y por tanto pueden ser utilizadas siempre, en este caso fueron agregadas como pruebas; por tanto las defensas sabían.
-¿Qué hizo la defensa?
-Ante la inhibición planteada por la fiscal y ante la inminencia del juicio, plantearon la recusación.
Hoy en día lo que estamos viviendo es un momento en que los jueces deberán resolver primero si se inhiben. De ser así, no hay lugar a la recusación y se debe designar un nuevo tribunal con dos nuevos jueces. En caso de que admitan la recusación, será el mismo caso. Si no se inhiben y no aceptan la recusación, ahí ya será otro tribunal el que deberá zanjar la cuestión y tardará meses.
¿Cuál es tu sensación de lo que puede ocurrir?
Como están dadas las circunstancias, lo mejor para la celeridad, sería que se inhiban los jueces y que se conforme un nuevo tribunal. Así tendríamos el nuevo Juicio Oral y Público cuanto antes; intentando de una vez por todas que Varela y Rodríguez den cuenta ante la justicia, reciban una condena, se obtenga un poco de reparación y que las víctimas no sean nuevamente revictimizadas.
Esta fiscal del estado nacional, Squivo, es una funcionaria que debe velar por el cumplimiento de los tratados internacionales que nuestro país ha adherido, forma parte y tiene la obligación de lograr sentencias para los responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos.
-¿Qué planteo realizaron ustedes?
-Las víctimas se sienten ofendidas y agraviadas, por tanto han solicitado a las querellas la recusación de la fiscal Squivo. Por eso estamos preparando un escrito para la recusación de la fiscal. Por otro lado, han manifestado la intención clara de avanzar con un pedido, como particulares, de un jury de enjuiciamiento hacia esta fiscal que ha garantizado durante años la impunidad. Squivo cuenta con el antecedente de archivar de varias causa, por ejemplo haberse sentado en el expediente de los Vuelos de la Muerte hasta la llegada de Josefina Minatta, quien realizó un trabajo que finalizó con la exhumación de siete tumbas y que prontamente el Equipo de Antropología Forense podrá analizar los restos encontrados, que pueden pertenecer a uno de los treinta mil detenidos-desaparecidos que estamos intentando restituir.
Estos casos, además de otros, son los que ha llevado adelante la fiscal de la impunidad.
-¿Cómo pensas que puede continuar el desarrollo de este juicio?
-Las querellas, ante el planteo de la fiscal, señalamos que debía ser rechazado por ser extemporáneo, ya que una de las características de los procesos es la preclusión procesal, que ese momento había pasado y debíamos avanzar hacia la instancia de juicio oral.
Ahora el panorama cambia, ya que esto abrió los ojos a las defensas y por lo tanto pidieron la recusación de estos dos magistrados.
Creemos que la fiscal Squivo tiene un posicionamiento absolutamente ideológico, que no está convencida de las cusas de lesa humanidad y así lo ha demostrado su trayectoria a cargo de la Fiscalía de Instrucción; tanto en la causa PC, donde también hizo un planteo similar, y ahora en esta situación que venimos analizando.
Paranosotros existe una cuestión ideológica y de convencimiento. Por tanto creemos que eso debe ser valorado en un eventual jury de enjuiciamiento que van a plantear las víctimas damnificadas particulares.
