El modelo económico del gobierno de Javier Milei transformó los posicionamientos internos de los partidos integrantes del oficialismo entrerriano, de la principal coalición opositora y del armado libertario en la provincia. ¿Polarización o tercios? Los desafíos similares del peronismo y del radicalismo.
Periodista
Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, desarrolló distintos análisis semanales sobre el primer semestre del programa de gobierno de Javier Milei en la Nación y de Rogelio Frigerio en la Casa Gris. El manual sobre la macroeconomía, vinculado al superávit fiscal, el nivel de reservas del Banco Central, la inflación, la política monetaria y la brecha del tipo de cambio, tuvo como contracara la recesión de las diferentes ramas de la economía, la industria y la producción; el desfinanciamiento y la desinversión estatal; y el deterioro de los puestos de trabajo y de los ingresos familiares. El manual libertario de la Casa Rosada estableció como prioridades, con mayor o menor éxito, la reducción de la emisión monetaria, la finalización de los pasivos remunerados, la supresión de los Puts, la convergencia de la inflación con la devaluación en torno a cero mensual, la flexibilización del tipo de cambio, la erradicación de las restricciones para la compra de divisas (cepo), la reducción de la política impositiva, la desregulación de la economía y del Estado, y la libre competencia de monedas. En simultáneo, cosechó la sanción de las leyes “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y “Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes”, y la firma del Pacto de Mayo (o de julio) en Tucumán junto a las autoridades de 18 jurisdicciones argentinas. Condiciones sustanciales de un fortalecimiento institucional y de un robustecimiento político necesario para las reformas planificadas, que además fue demandado en reiteradas ocasiones por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el círculo rojo (las empresas más importantes del país).
El segundo semestre del Gobierno nacional tiene como propósito significativo una mayor flexibilización cambiaria que sustente el modelo económico de La Libertad Avanza, caracterizado por las promesas de libertad en la adquisición de monedas extranjeras, de supresión de retenciones a las exportaciones y de simplificación de la política tributaria y de las cargas impositivas. La incorporación de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado; la redacción y el envío (demorado) al Congreso de la anunciada Ley Hojarasca; la agenda de reuniones del ministro de Economía, Luis Caputo, con la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y autoridades del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la cumbre de funcionarios de las carteras económicas de los países miembros del G20 en Brasil; y el decimosegundo viaje al exterior del Presidente de la Nación por Francia, donde se desarrollan los Juegos Olímpicos, acentúan esa hoja de ruta, especialmente en la búsqueda de auxilio externo, de la prometida Fase 2.
Con un ojo puesto en las elecciones del país del norte y en el desenlace electoral de Donald Trump, el Ejecutivo busca un nuevo acuerdo con el Fondo y un financiamiento extra de organismos financieros, en un contexto donde los mercados mantienen una reacción prudente a los resultados del modelo económico de Milei. A la par, como un déjà vu con los primeros años del gobierno de Carlos Menem, el eje está puesto en la estabilidad económica, la penetración del piso de la inflación, el aumento de las exportaciones y la venta de empresas e inmuebles del Estado, donde será clave el rol del nuevo Ministro, recordado como autor del mecaganje de 2001, mediante el Decreto 648, firmado junto a Domingo Cavallo. Con incertidumbre sobre los alcances de la hoja de ruta del Ejecutivo, el mercado espera una tercera fase que atienda las demandas respecto al cepo, las retenciones y la competencia de monedas. Un futuro que parece alejarse, como también las expectativas empresarias y sociales de un rebote económico. Las últimas encuestas, propias y ajenas, ratifican la agonía del tiempo de gracia que garantiza la legitimidad construida en las urnas, mientras exige respuestas palpables en diversas realidades socioeconómicas.
Por estas se realiza la edición 136° de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, organizada por la Sociedad Rural (SRA), en el predio porteño ubicado en Palermo, cedido por Carlos Menem en mayo de 1992. Aunque las cámaras y los micrófonos de los medios estarán situados en los gestos entre Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, los mercados y la Mesa de Enlace esperan anuncios sobre la reducción progresiva de las retenciones y el futuro de los terrenos cedidos a precio vil durante la gestión de Eduardo De Zavalía al frente de la entidad rural fundada en 1866.
Las consecuencias en Entre Ríos
El devenir de ese modelo económico, las peculiaridades de las formas y las metodologías del Gobierno nacional, y las singularidades de una gestión cotidiana paralizada, reconfiguraron el tablero político, la composición de las diversas alianzas, la confección de la correlación de fuerzas y la resignificación de las fronteras partidarias, aliadas u opositoras. En el escenario nacional, el oficialismo aglutinó en su gabinete a la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Luis Petri, y aglomeró facciones de dirigentes y electorados de Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ). El primero atraviesa una crisis letal desde la disputa de la actual Ministra de Seguridad de la Nación y el ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto del año pasado, que luego fue profundizado por la grieta abierta entre Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri, respecto a la absorción del partido amarillo en La Libertad Avanza o a una alianza con el oficialismo con autonomía partidaria. Por su parte, el radicalismo no presenta candidatos propios al sillón estelar de Casa Rosada desde 2011, cuando Ricardo Alfonsín quedó tercero con el (11.14%), detrás de Cristina Fernández de Kirchner (54.11%) y de Hermes Binner (16.81%). Además, recorre las contradicciones ideológicas de los acuerdos de 2015 y 2019 con el fundador del PRO y de los apoyos legislativos al flamante programa del gobierno libertario. El tercero conjuga la dispersión luego de la salida del poder, en un tablero donde se rediscute su rol como oposición, sus liderazgos y las referencialidades del nuevo proceso.
En Entre Ríos gobierna Rogelio Frigerio, que es la primera experiencia fuera del bipartidismo clásico que caracterizó a la provincia litoraleña de la región centro. Como describió Punto y Seguido en LA CALLE, el actual mandatario es parte de la nueva conducción nacional del PRO, aunque se muestra prescindente de la interna, dialoga con los distintos sectores y mantiene línea directa con el gabinete libertario y el presidente Milei. A diferencia del quiebre nacional entre los partidos fundadores de Juntos por el Cambio, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica (CC), e incluso al interior de ellos, el triunfo en Entre Ríos unificó la versión local bajo la conducción de Casa Gris, que también englobó al socialismo, diversos partidos vecinales y la vieja guardia peronista ligada al ex mandatario Mario Moine, el ex intendente Luis Leissa y el ex senador Augusto Alasino. En el primer semestre de su gobierno, mantuvo una defensa incondicional con el Ejecutivo nacional, incluso ante la disminución de los fondos coparticipables y la supresión casi absoluta de las partidas discrecionales, que abarcan desde los recursos para el transporte público, los sueldos docentes, la asistencia a hospitales y escuelas, y el financiamiento a las cajas provinciales de jubilaciones. Además, es una voz de interlocución significativa entre los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, entre la incertidumbre del frente nacional, luego de la frustrada elección presidencial del año pasado, y la necesidad de un diálogo dinámico con la Casa Rosada.
Sin recursos y con una gestión cotidiana ralentizada, la administración provincial puso énfasis en una agenda legislativa vinculada a transformaciones institucionales que involucra la reforma electoral, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), el Régimen Legal de Transición de Gobierno, la Ley de Transparencia y Ética Pública, y el Acceso a la Información Pública. Por otro lado, acumuló normativas de declaraciones de emergencias en educación, infraestructura vial, obras públicas y situación alimentaria, con apoyo uniforme del peronismo, que tiene leve mayoría en el Senado provincial. Las legislaciones aprobadas dieron vía libre y discrecional al Ejecutivo para que acelere los tiempos, los recursos y las respuestas del Estado provincial en las demandas y acciones más urgentes. Aunque la conducción de Frigerio tiene adhesión total dentro de Juntos por Entre Ríos, el sinuoso camino entre la asfixia financiera nacional, el apoyo a Milei y el desarrollo de la administración local, expone las complejidades del futuro inmediato y la inherencia recíproca entre el éxito provincial y los resultados de la experiencia libertaria en la Casa Rosada.
En ese zigzagueante recorrido, Frigerio posee tres desafíos relevantes: la consolidación de la apoyatura conseguida en los comicios generales del año pasado, en un contexto de creciente conflictividad social y de vencimiento del período de gracia inicial; un relanzamiento de la gestión más tangible, con un horizonte preciso de los ejes programáticos prioritarios, tras un semestre atravesado por el diagnóstico y el reordenamiento inicial del Estado provincial; y la conducción de una etapa electoral que se aproxima, donde el oficialismo entrerriano renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, ocupadas por los radicales Atilio Benedetti, Pedro Galimberti y Marcela Ántola, y dos escaños en el Senado nacional, representados por Alfredo De Ángeli (PRO) y Stella Olalla (UCR). Respecto a la primera de esas metas, el Mandatario de Entre Ríos mantiene los niveles de aprobación e imagen positiva, pero sufre los coletazos de la recesión económica nacional. La alianza de la región centro con sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, fortalece el posicionamiento y la estrategia frente a temas y peticiones comunes, en un escenario de desnacionalización de los reclamos al Gobierno, con un tablero donde prevalecen los acuerdos individuales de las autoridades provinciales con la Casa Rosada más que las negociaciones por zonas, partidos o coaliciones políticas.
La decisión del aumento del 3% de los aportes de trabajadores y jubilados a la Caja provincial, mediante el decreto Nº1576, abrió un conflicto en un debate tabú para el peronismo. Con la adhesión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Ejecutivo entrerriano se metió en la discusión sobre las jubilaciones especiales, que abarca al personal de salud y de educación. Ese escenario tuvo un capítulo posterior con los docentes, después del rechazo unánime de los gremios a la propuesta gubernamental de un 5% de aumento con los sueldos de julio, de recomposición de agosto cuando se conozca la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y de una suma fija de 120.000 pesos repartida en tres cuotas. Tras la aprobación de esa oferta de los sindicatos estatales, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) endureció su postura y definió la disposición de cuatro jornadas de huelga para los días jueves 1, viernes 2, martes 6 y miércoles 7 de agosto. La determinación se tomó el miércoles pasado, en el congreso docente provincial efectuado en la ciudad cabecera del departamento San Salvador. El Gobierno redobló la apuesta y avisó que no hará efectivo el incremento propuesto a los docentes. En ese contexto, atravesado por la creencia de Casa Gris en el norte marcado por el Ejecutivo libertario y al mismo tiempo por la incertidumbre tangible sobre una recuperación de la economía, transcurre el segundo desafío descripto, atado a la capacidad de iniciativa y de gestión, en una situación cada vez más agobiante en materia de recursos pero también de reclamos ciudadanos y de impaciencia en los municipios.
El tercer objetivo depende de las dos tareas anteriores y estipula como meta la dirección de la coalición oficialista hacia los comicios de medio término de 2025. A diferencia de la necesidad de una alianza en el escenario nacional con el Gobierno para la supervivencia del PRO, en la provincia una integración en la lista con el sector libertario no aporta grandes beneficios al oficialismo entrerriano. La presentación de una boleta independiente, sin la figura de Milei como factor de arrastre, deja interrogantes sobre su desempeño electoral en la batalla provincial, pero despierta alertas en el Ejecutivo de un innecesario esquema de tercios, donde La Libertad Avanza compita por la obtención de una de las cinco bancas en disputa de la Cámara Baja de la Nación. Los tres lugares que pone en juego Juntos por Entre Ríos provienen del radicalismo, que espera como mínimo la garantía de renovación de uno de esos escaños, mientras que Frigerio necesita el engrosamiento de sus espadas más leales, que actualmente representa el ex senador de Gualeguay, Francisco Morchio, que integra el bloque presidido por Miguel Pichetto pero responde a la táctica política de la Casa Gris.
Laberinto peronista
El desconcierto del principal frente opositor prevalece en la nación y en la provincia. La verborragia de Milei y la motosierra de fondos a las provincias, arrojó reacciones dispares entre los gobernadores justicialistas y la dirigencia peronista. El pacto individual de los mandatarios de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Catamarca, Raúl Jalil, con el Ejecutivo nacional, fue un reflejo de la situación en varios puntos del país, que tuvo en Entre Ríos el acompañamiento del senador Edgardo Kueider al paquete legislativo de Milei y la designación del ex titular del Consejo General de Educación (CGE), Martín Muller, como director del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod). Algo similar ocurrió respecto al papel opositor frente a Frigerio, con posturas disímiles respecto a la agenda de gestión, como el apoyo del ex gobernador Gustavo Bordet, de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y de los intendentes de Villaguay, Adrián Fuertes, y de Concepción del Uruguay, José Lauritto, a la reforma política y electoral promovida por Juntos por Entre Ríos. A ello se sumó el acompañamiento legislativo, casi unánime en todas las votaciones, de las bancadas justicialistas en ambas cámaras del Poder Legislativo de la provincia, a las declaraciones de emergencia y las reformas institucionales fomentadas por el oficialismo.
Como describió Punto y Seguido en ediciones pasadas, la salida del peronismo del poder en Entre Ríos inició un proceso de duelo e implosión, caracterizado por un ensordecedor silencio en los primeros meses de su flamante papel como oposición nacional y provincial. La escasa discusión interna en la renovación de autoridades del consejo provincial del PJ fue una escena más de la dispersión política al interior del justicialismo. La integración de dirigentes afiliados al partido como funcionarios de las segundas y terceras líneas del gabinete provincial, aconteció como una anécdota para la tribuna peronista. En el radar de la reconstrucción, se realizaron diversos encuentros en Gualeguaychú, incentivados por el ex director General de Aduanas, Guillermo Michel, que extendieron los límites del último frente provincial “Más por Entre Ríos” y de la fallida alianza nacional del “Frente de Todos”, con invitaciones al diputado Miguel Pichetto, el ex legislador bonaerense Diego Bossio, y los ex intendentes Emilio Martínez Garbino y Luis Leissa. En paralelo, se gestaron cónclaves organizados por el grupo de jefes municipales que engloba a Gustavo Bastián de San José, Damián Arévalo de Feliciano, Ricardo Bravo de Federación, Hernán Niz de Mantero, Mauro Cháves de San Antonio y Fernando Viganoni de San Justo.
La Liga de Intendentes Justicialistas, presidida por Rosario Romero, se reunió este jueves en La Histórica, donde se repasó la crítica situación financiera de los municipios ante la disminución sistemática de los recursos nacionales, la paralización de obras claves y la reducción de los fondos provenientes de la provincia. Uno de los jefes comunales de la costa del Uruguay, en declaraciones posteriores a LA CALLE, denunció “una parálisis” que alcanza “a las políticas básicas de asistencia alimentaria” y donde predomina una “ausencia de certidumbre sobre la reactivación de obras y la llegada de mayores partidas”. Otro de los participantes, de la costa del Paraná, expresó que el pronóstico del porvenir arroja un contexto de “mayor deterioro del poder adquisitivo, menos fondos, más endeudamiento de las familias y menos presencia del Estado”. Esa misma jornada, la ex Ministra de Gobierno de Gustavo Bordet llevó un puñado de funcionarios de su gabinete para un cónclave conjunto con el Ejecutivo local de José Lauritto. Ambos dirigentes tienen coincidencias en el estilo de conducción política y en el desafío de reinventarse del peronismo, para no quedar marginado dentro de la oferta electoral, o con un rol secundario en el frente político, como le ocurrió al radicalismo nacional y provincial en los últimos tiempos. Con otros dirigentes, como Fuertes de Villaguay y Daniel Rossi de Santa Elena, representan los nombres históricos del justicialismo provincial con responsabilidades ejecutivas, aunque persiguen intereses distintos, especialmente respecto a 2027.
Además de la discusión interna sobre los liderazgos y el papel como principal fuerza opositora, el peronismo posee como desafío las elecciones del año próximo, donde pone en juego dos bancas en la Cámara Baja, ocupadas actualmente por Carolina Gaillard y Tomás Ledesma, y un escaño en el Senado de la Nación, que ejerce el pragmático Kueider. Bordet asoma como uno de los primeros anotados para los nombres estelares del 2025, aunque los últimos comportamientos electorales avisan el desgaste de las metodologías utilizadas para la confección de las nóminas. Michel también surge como un nombre dentro de ese abanico de referencias, con un nivel de conocimiento menor en el territorio pero la ventaja de ser una propuesta relativamente nueva y una voz más enérgica en las críticas a Frigerio. Los presidentes municipales que encabeza Bastian, que no tienen posibilidades de reelección en sus distritos, representan un recambio generacional que apuesta a ser una opción competitiva, con mayor protagonismo, dentro de una oferta de unidad. El consenso, que no necesariamente significa ausencia de internas, surge como una condición indispensable para la generación de una propuesta que fortalezca las chances en la batalla crucial, dos años después, en los comicios por el sillón estelar de Casa Gris. Como Michel, el Intendente de San José también expone cuestionamientos más contundentes respecto a la hoja de ruta libertaria y al apoyo incondicional del Gobierno provincial.
La omisión o el rechazo de las discusiones centrales que adeudaba el peronismo entrerriano, desde la autocrítica inicial, al accionar como oposición y la posterior edificación como alternativa de gobierno, estuvieron acompañadas de la decisión mayoritaria del justicialismo de una sobreactuación en otros debates, con otros tiempos y otras urgencias, como el posicionamiento respecto a la reforma electoral de Frigerio o la opinión sobre las expulsiones partidarias de Kueider y Muller. Aunque el ahogo financiero nacional se expresa de manera cotidiana en las gestiones municipales, la respuesta de las expresiones locales del peronismo fueron diferentes, a veces opuestas. En Concordia, el último intendente justicialista, Enrique Cresto, promovió un acuerdo con la flamante administración, liderada por el dirigente radical Francisco Azcué, y defendió a Kueider de las críticas públicas de su jefe político y antecesor en la intendencia de la capital del citrus. También acompañó a su ex viceintendente, Alfredo Francolini, a la asunción como funcionario de Juntos por Entre Ríos en la compleja Caja de Jubilaciones de la provincia, y apoyó la intervención de la Radio municipal Ciudadana. En Gualeguaychú, el presidente de la departamental del PJ, Gustavo Vela, fue uno de las primeras voces que dejaron mensajes de autocrítica de la conducción del proceso electoral del año pasado y de la conformación de sus listas. “La dirigencia ha perdido contacto con las bases”, repite como mantra en una ciudad que vivencia una fragmentación inédita en el justicialismo local. En Paraná, con motivo de la conmemoración de la muerte de Eva Duarte de Perón, la departamental del partido, a cargo de Jorge Vásquez, organizó un plenario de la militancia en la emblemática Escuela Hogar, con presencia fugaz de Romero y el protagonismo de las distintas unidades básicas de la capital.
División en la tribu libertaria
Con el foco en 2025, La Libertad Avanza acelera la constitución del sello partidario en las 24 jurisdicciones, con el propósito de garantizar la autonomía necesaria para la negociación de las alianzas electorales. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, son los dos actores claves para la conformación de la herramienta política y para la selección de las referencias locales. No obstante, a diferencia de las provincias comandadas por líderes opositores, como Axel Kicillof en Buenos Aires, Gustavo Melella en Tierra del Fuego, Ricardo Quintela en La Rioja, Sergio Ziliotto en La Pampa, Gildo Insfrán en Formosa y Gerardo Zamora en Santiago del Estero, el desafío crucial del espacio libertario emerge en aquellos territorios conducidos por dirigentes o frentes políticos aliados.
La irrupción de Milei en el tablero político y electoral posicionó a los candidatos de las listas municipales y provinciales del sello de La Libertad Avanza, modificando la correlación de fuerzas en diferentes territorios. En Entre Ríos, el bipartidismo fue un rasgo común de su historia democrática, más allá de la aparición de diversas escisiones justicialistas como Nuevo Espacio Entrerriano en 2003, el Frente para la Victoria y la Justicia Social (lista 100) en 2007, el Frente Entrerriano Federal en 2011 o Unión Popular en 2015. La emergencia de Milei en la Nación, la segunda experiencia por fuera del peronismo y el radicalismo en el sillón de Rivadavia, resignificó la polarización en Entre Ríos y favoreció la aparición de una tercera fuerza electoral, que tuvo su correlato en la postulación a la gobernación del empresario agropecuario y de medios, Sebastián Etchevehere, que cosechó 148.392 votos en los comicios generales del 22 de octubre pasado.
El hermano del ex Ministro de Agroindustria de Mauricio Macri emergió como una figura externa del núcleo fundador de la experiencia libertaria en la provincia. Con una fragmentación de los cinco diputados provinciales propios, en tres bloques diferentes, se avizora una disputa por el sello entre los legisladores Roque Fleitas y Débora Todoni, que mantienen línea directa con la hermana del Presidente de la Nación y se mantuvieron dentro de la bancada original de La Libertad Avanza, y Juan Erro, dirigente de Gualeguay, que puja por la inscripción del Partido Libertario. Ambos sectores comparten las dificultades de poco conocimiento en el territorio provincial para el protagonismo de una lista que no tendrá al Mandatario nacional como factor de arrastre en la nómina. La posibilidad de un acuerdo con Frigerio asoma como una alternativa efectiva para la Casa Rosada, aunque depende de la respuesta provincial a las exigencias de un lugar expectante en la boleta final. La opción de una propuesta que incluya a Kueider parece difícil, aunque en política nada es imposible y la matemática electoral no es exacta. Los presidentes municipales de Gualeguaychú, Mauricio Davico, y de Colón, José Walser, fueron sondeados por dirigentes nacionales de La Libertad Avanza, como nombres que facilitan una papeleta de unidad con la Casa Gris. Un paso en esa dirección puede generar un retroceso mortal en el vínculo con el radicalismo provincial, donde una confluencia con el oficialismo nacional transgrede y lleva al extremo a las fronteras ideológicas actuales del partido centenario.
Laberinto electoral, mientras se desarrolla el segundo semestre para Milei y Frigerio, en un contexto donde el peronismo y el radicalismo buscan reinventarse.
