El radicalismo entrerriano destacó la denuncia presentada en 2013 por presuntas irregularidades en el manejo de la publicidad oficial, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra el exgobernador Sergio Urribarri.
La Unión Cívica Radical de Entre Ríos reivindicó la denuncia presentada en 2013 contra la gestión del entonces gobernador Sergio Urribarri, a partir de las recientes definiciones de la Justicia sobre la causa que terminó con una condena firme contra el exmandatario.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos contra Urribarri, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Desde la UCR remarcaron que el fallo no constituye una acusación de carácter político, sino una sentencia judicial firme dictada luego de un extenso proceso, durante el cual los acusados tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.
La referencia del radicalismo entrerriano se remonta a mayo de 2013, cuando Urribarri atravesaba uno de los períodos de mayor concentración de poder político de sus dos gestiones al frente de la provincia. En ese momento, el Comité Provincial de la UCR, presidido entonces por Jorge D’Agostino, decidió recurrir a la Justicia para denunciar presuntas irregularidades vinculadas con la contratación de publicidad oficial.
La presentación cuestionaba, entre otros aspectos, contrataciones y adjudicaciones directas, el uso de mecanismos de excepción y la falta de cotejo de precios.
Uno de los hechos incluidos en aquella denuncia estuvo relacionado con la contratación de la empresa Global Means, que habría recibido una orden de publicidad del Estado provincial antes de encontrarse legalmente constituida. La presentación derivó posteriormente en la causa Nº 6.399 y constituyó uno de los cinco hechos por los cuales Urribarri fue condenado.
Desde el radicalismo señalaron que aquella actuación no tuvo como objetivo reemplazar el trabajo de la Justicia ni establecer responsabilidades anticipadas, sino reunir documentación y poner los hechos denunciados en conocimiento de las autoridades competentes.
En ese sentido, destacaron especialmente el contexto político en el que se realizó la presentación y consideraron que implicó asumir una posición crítica frente a un gobierno que concentraba un importante nivel de poder en la provincia.
“La Justicia demoró, pero finalmente llegó”, señalaron desde la UCR, al tiempo que aclararon que no reivindican el encarcelamiento de una persona, sino el principio de que nadie puede estar por encima de la ley y que los recursos públicos no deben utilizarse para favorecer intereses particulares, familiares o electorales.
El radicalismo sostuvo además que la resolución judicial debería abrir una instancia de reflexión para distintos sectores de la sociedad, entre ellos los partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales y empresariales, universidades, medios de comunicación y la ciudadanía en general.
En particular, plantearon la necesidad de revisar las responsabilidades asumidas durante aquella gestión y cuestionaron el silencio que, según señalaron, aún mantienen algunos actores que tuvieron participación o responsabilidades en ese período.
A 13 años de aquella denuncia, la UCR considera que el fallo firme de la Corte Suprema vuelve a poner en discusión el valor de aquella presentación y reivindica la decisión adoptada en 2013, cuando, según expresó el partido, denunciar irregularidades significaba enfrentar a una estructura de poder con un alto costo político y personal.
