La presión social bien ejercida

Gerardo Morales tuvo que dar marcha atrás con un polémico decreto que imponía durísimas sanciones contra los profesionales de la salud de Jujuy que incumplieran las disposiciones del gobierno en el marco de la pandemia.
«Al personal sector público y privado afectado al sistema de salud de la provincia cualquiera sea la situación que cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos, que deriven en la falta de concurrencia efectiva de servicios conforme a la necesidad y/o urgencia se le impondrá una multa de $40.000 a $1.000.0000, más accesorias de arrestos e inhabilitación», establecía la norma publicada el lunes.
La medida generó un inmediato y unánime repudio de todos los sectores de los profesionales de la salud jujeños y también de otras provincias.»Es una muestra más del desprecio, el autoritarismo y la indolencia del Gobierno provincial hacia quienes están en la primera línea contra la pandemia cuidando la salud de la población», sostuvo la Asociación de Profesionales Universitarios de Jujuy (Apuap).
El decreto de Morales apuntaba a los profesionales que rechazaran reasignación de tareas, reubicamientos y traslados, entre otras medidas que podría disponer la gobernación ante el colapso del sistema sanitario y la necesidad urgente de conseguir personal. El gobernador viene presionando desde hace semanas a los médicos que están de licencia a que cumplan tareas. «Los términos del decreto implican una amenaza a la libertad y especialmente a la libertad de trabajo», sostuvo el Colegio Médico de la provincia. «(Morales) pretende perseguir y silenciar a quienes están luchando con todas sus fuerzas en esta pandemia», dijo por su parte el Colegio de Psicólogos jujeño. El repudio que generó el decreto en la comunidad médica jujeña (una de las más afectadas del país por los contagios y afectada también por la falta de equipos de protección) obligó a Morales a derogarlo este jueves, apenas 72 horas después de que entrara en vigencia. No obstante, se aplicaron 3 sanciones a médicos. A pesar de la derogación del decreto, las sanciones se mantienen.

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