Mientras la Cámara de Diputados inicia el debate de la reforma de la ley de glaciares, organizaciones y legisladores denuncian que las modificaciones responden a un acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos en febrero, que busca desregular la minería de minerales críticos, y que el proyecto oficial otorga discrecionalidad a las provincias bajo el vago concepto de «relevancia hídrica», beneficiando a corporaciones como Barrick Gold.
El diputado Eduardo Valdés recordó en el plenario de comisiones que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había solicitado en enero «la entrada preferencial» para empresas de su país en litio, cobre y tierras raras. El 4 de febrero, el canciller Pablo Quirno firmó con EE.UU. el «Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos», cuyo texto busca «acelerar, simplificar o desregular los plazos y procesos de otorgamiento de permisos» mineros. La reforma de la ley de glaciares se enmarca en este esquema.
El proyecto oficial introduce el concepto de «relevancia hídrica» para definir qué glaciares y áreas periglaciales se protegen, lo que, según el director del IANIGLA, Pablo Villagra, permite «con argumentos políticos pasar por encima los aspectos técnicos». La Barrick Gold, que en el pasado judicializó la ley sin éxito, aparece como una de las principales impulsoras de los cambios. Su CEO, Marcelo Álvarez, había señalado que «con el RIGI solo no alcanza».
Mientras tanto, la Cancillería organiza un evento en Nueva York titulado «Desbloqueando la frontera minera en Argentina», con la participación de grandes corporaciones y bancos, dando por hecha la modificación normativa. La senadora Fernández Sagasti advirtió sobre un «dumping flexibilizador» entre provincias para atraer inversiones, en línea con la nueva Doctrina Monroe de EE.UU. para asegurarse minerales críticos. La sociedad civil tendrá la oportunidad de exponer sus argumentos en dos audiencias públicas convocadas para el 25 y 26 de marzo.
