Durante el diálogo con La Calle, explico que “los encargados de investigar tienen limitados sus alcances”.
Por: Matías Dalmazzo
El lunes 10 de mayo se cumplieron tres años de la puesta en vigencia de la Ley de Narcomenudeo a nivel provincial (10.566) Desde entonces han surgido varios debates al respecto, si es efectiva para ataca el flagelo de la droga o si sólo afecta a las clases más baja de la sociedad.
La degradación del tejido social que se viene manifestando, producto de las políticas públicas implementadas en el país antes de la actual pandemia, replicó de forma veloz un comercio socialmente aceptado en zonas periféricas de la ciudad. De esta forma y ante la evidente falta de posibilidades laborales, es extraño que sea mal vista a una persona que vende droga al menudeo para intentar darle de comer a sus hijos.
En este contexto y con la intención de desmenuzar el recorrido que hizo la actual normativa provincial, que persigue a los pequeños comerciantes de estupefacientes, La Calle dialogó con Sebastián Arrechea, abogado penalista.
-¿Qué evaluación podes hacer sobre la implementación de la ley del narcomenudeo en la provincia?
-Fue positiva, atento a que ahora es la provincia también la que investiga hechos delictivos relacionados con el narcomenudeo (venta de estupefacientes directa al consumidor) En estos casos siempre intervinieron Policía de Entre Ríos, Policía Federal, Prefectura o Gendarmería. Ahora hay otro órgano judicial que investiga y juzga el hecho delictivo relacionado con la venta directa de drogas a los consumidores. No solamente la Justicia Federal (o de excepción) es la que investiga, ahora también la justicia provincial (ordinaria) puede realizar su trabajo por intermedio de los fiscales. Podemos decir que lo positivo es que existe otro órgano jurisdiccional, el provincial, que se suma al combate de este flagelo; que se da principalmente en los barrios de la periferia de la ciudad.
-¿Hay aspectos de esta ley que deban modificarse?
-La ley no tiene falencias; no debería ser derogada, modificada o reformada. Cuenta con buenos aspectos, temas y tópicos regulativos dentro de la ley nacional y provincial. En definitiva, con esta normativa sí se está atacando esta modalidad delictiva que tiene muchas repercusiones en otros hechos. En cierto modo la ley es certera.
-¿Tiene fallas?
-Sí, el órgano investigador, ya que no llega a los que realmente tiene que alcanzar: a los grandes empresarios de la droga. No es la ley la que no alcanza a estas personas, son los contactos políticos que impiden que la ley se inmiscuya en esos espacios o ámbitos para ser aplicada. No es la ley el problema, son los órganos de aplicación.
Lamentablemente, los encargados de investigar tienen limitados sus alcances, por una cuestión de que cuando llegan al lugar donde hay que aplicar la ley, siempre hay un valladar o un escollo, que termina simplemente siendo aplicada para los que son los primeros eslabones de la cadena del tráfico de la droga. De todas formas, hay excepciones de público conocimiento de políticos en Paraná que fueron condenados.
-Debido al contexto social y económico en el cual viven las personas que suelen ser detenidas por narcomenudeo ¿Es una ley que principalmente criminaliza a la clase baja de nuestra sociedad?
-Sí, lamentablemente la ley se aplica a los más vulnerables del sistema judicial penal, según diría Eugenio Zaffaroni.
Podemos decir que la criminalización primaria es la legislación que regula la actividad ilegal, la relevancia jurídica de un hecho de connotaciones delictivas. Por su parte, la criminalización secundaria son los más vulnerables del sistema; aquellos que cuentan con bajos recursos y no tienen cabida en el sistema laboral, entonces son mucho más propensos a incurrir en esta modalidad delictiva, a través de la venta de droga al menudeo que genera recursos.
En esta nueva realidad, con los problemas que agudizó la pandemia y un contexto sociocultural complicado, los vulnerables son los más criminalizados por el sistema y no se suele llegar a los grandes distribuidores o empresarios que ganan muchísima plata con este negocio internacional, que tiene ingresos económicos superlativos.
-En comparación al resto de las causas por otros delitos y según tu experiencia personal, de 2018 a la fecha ¿Existe una saturación en la justicia de juicios a personas que se dediquen a la venta de droga a muy baja escala?
-Desde 2018 a la fecha, se han notado aumentos significativos de causas investigativas-judiciales, incremento de las poblaciones carcelarias y detenciones con prisiones preventivas; como recurso jurídico procesal para intentar lograr una exitosa investigación.
La investigación por parte de la justicia provincial, además de bajos recursos, tiene en cierto modo como única herramienta a las prisiones preventivas; se trata de la medida coercitiva personal más lesiva que tiene legislada la ley procesal provincial.
En cierto modo, por los bajos recursos, hubo una saturación en la justicia penal entrerriana. El narcomenudeo y los robos, son los delitos estadísticamente más cometidos en Entre Ríos.
-¿Qué tiempo podría pasar detenida una persona que sea culpable de la venta de droga al menudeo?
-Puede llegar a tener una pena de cuatro a cinco años de prisión. El tema pasa por la situación en la que hoy el condenado cumple con el régimen progresivo de la pena.
A través de la ley Micaela, se agregó el artículo 56 bis a la ley 24.660 (Ejecución de la pena privativa de la libertad), que hace mención a los condenados por delitos de tráfico de estupefacientes (por la ley 10.566 a nivel provincial y la 23.737 a nivel nacional) Hoy el régimen progresivo de la pena es diferente, ya que se empieza a evaluar su resocialización cuando falta un año para el cumplimiento de la pena. Antes de la ley Micaela, en el régimen progresivo de la pena, había salidas transitorias con la mitad de la condena. La ley 24.660 modificó todo el sistema de régimen progresivo de la condena y es cuestionada constitucionalmente; ya que agrava el cumplimiento de las penas. Así, una persona que es condenada tiene que cumplir el 90 por ciento de la pena y después ver la posibilidad de salidas. Imaginate lo grave que es hoy el cumplimiento de las condenas por narcomenudeo.
-¿Se puede confundir a un consumidor excesivo con un vendedor de drogas?
-Es raro que existan este tipo de confusiones dentro de una investigación y posterior judicialización con sentencia. Obviamente todo está supeditado al material probatorio.
-¿Por ejemplo?
-El fiscal tiene que tener ciertos elementos probatorios para determinar si una persona que tiene droga en su casa la está vendiendo. Debería haber una balanza, recortes de nylon para hacer cebollines, anotaciones en cuadernos para recordar a quiénes les deben, billetes de baja denominación y hablan en código durante comunicaciones telefónica.
Cuando una persona es adicta, no se suelen encontrar estos elementos. Simplemente tienen su droga para saciar su adicción. Podría tener una balanza para fraccionar y después consumir, pero no debería tener nylon para luego confeccionar las cebollitas. En la casa de un consumidor no habría personas ingresando y saliendo con frecuencia.
Estos elementos de pruebas, junto a muchos otros, diferencian una consumición excesiva y lo que sería una real venta al menudeo. No existe una confusión de esta naturaleza en el ámbito judicial y tampoco en el investigativo. Por ahí se empieza una investigación, porque se nota que una persona es consumidora, entonces quieren saber si es vendedora o compradora, en segundo caso intentarían detectar al que vende. Esto puede ser un punto de partida de una investigación.
-¿Qué puede ocurrir con un adicto durante una investgación?
-Hay varios casos donde se está investigando a un vendedor, entonces se intercepta a un comprador a las dos cuadras del lugar donde se sabe que se realiza la venta. La policía le pregunta al adicto dónde compró la sustancia, quienes suelen mencionar la casa donde adquirieron el producto.
A esta persona, que si bien comete el delito de comprar estupefacientes, no se lo criminaliza, ya que es parte de la investigación en la que lo van a citar para declarar. El comprador ayuda a determinar responsabilidades penales y en cierto modo es una persona con una patología.
-¿Algún aspecto para destacar que no te pregunté y que por ahí creas que es necesario resaltar?
-La sociedad y la tecnología evolucionan, lo que se traduce en muchísimas nuevas formas de transportar drogas y los recursos son escasos para los investigadores. Se debería brindar más recursos tecnológicos y humano para que se pueda atacar enserio este flagelo, ya que desde el punto de vista jurídico-legal están las herramientas disponibles.