La justicia y la corrupción una vez más

El fiscal Ramiro González amplió la imputación al ex presidente Mauricio Macri, sus ex funcionarios y su primo Angelo Calcaterra, por la venta a precio vil de dos centrales termoeléctricas, «Ensenada de Barragán» y «Brigadier López» y solicitó ampliar la investigación tras un planteo de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA).
La compañía se presentó como querellante por el presunto perjuicio patrimonial que habría sufrido como resultado de la venta de las centrales termoeléctricas y aportó información sobre presuntas modificaciones en los pliegos de las licitaciones para beneficiar empresas amigas.
La denuncia original fue realizada a fines de 2018 por diputados del Frente de Todos encabezados por Rodolfo Tailhade por supuesta venta precio vil de las centrales térmicas Brigadier López y Ensenada Barragán, en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, operación que «ocasionó una pérdida multimillonaria en dólares al Estado Nacional».
Las irregularidades fueron en la venta de centrales termoeléctricas de la empresa estatal al grupo conformado por YPF, Pampa Energía y a Central Puerto, del empresario Nicolás Caputo, compañero de la secundaria y amigo personal del expresidente.
Según precisaron fuentes del ambiente judicial, la causa original era por la rescisión del contrato de Enarsa con la constructora de las plantas, Iecsa. Su dueño en ese momento era Calcaterra y la operación fue similar al que se denuncia por la causa peajes: fabricar un reclamo y rescindir «de común acuerdo» cuando la construcción de las centrales no estaba completa.
Por esa operatoria, el fiscal detectó que Iecsa cobró mil millones de pesos, en una maniobra que controlaron Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que luego fueron designados funcionarios en ENARSA y gestionaron la privatización. En el oficialismo sorprendía además que el rol de querellante de IEASA fue más activo que el de organismos públicos del Estado, cuyos abogados no son tan activos.

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