La jueza Celina Ansaldi hizo lugar al amparo presentado por madres y padres de la institución y ordenó al Gobierno de Entre Ríos y al Consejo General de Educación garantizar el servicio de transporte para los alumnos reubicados. La representación legal apelará para que el beneficio alcance a los más de 160 estudiantes que lo necesitan.
La Justicia resolvió a favor de las familias de la Escuela N° 92 «Tucumán» de Concepción del Uruguay, que reclamaban el cumplimiento del compromiso asumido por la Provincia de brindar transporte a los alumnos que debieron ser trasladados a otras instituciones.
La sentencia fue dictada este miércoles por la jueza vocal de la Cámara de Apelaciones, Celina Ansaldi, quien ordenó al Gobierno de Entre Ríos y al Consejo General de Educación proporcionar el servicio de transporte, tanto de ida como de vuelta, en los turnos mañana y tarde según corresponda.
El traslado deberá cubrir el recorrido desde la Escuela N° 92 hacia los establecimientos donde fueron reubicados los estudiantes: Escuela N° 1 «Nicolás Avellaneda», Escuela N° 2 «Juan José Viamonte» y Escuela N° 110 «General Benjamín Victorica».
Sin embargo, el fallo estableció que la medida alcanza a quienes promovieron formalmente el amparo. Por este motivo, el abogado que representa a las familias, Valodia Nichajew, anticipó que apelarán esa parte de la resolución para intentar que la cobertura se extienda a todos los alumnos que requieren el servicio.
“El amparo fue en representación de los más de 160 chicos que necesitan el colectivo, por lo que ahora vamos a apelar ese punto”, explicó el letrado. En ese sentido, manifestó su conformidad con el reconocimiento judicial del derecho reclamado y sostuvo que la resolución reconoce que los derechos de los niños y niñas fueron vulnerados desde el 6 de abril.
El conflicto se inició luego de que, debido a las condiciones de mantenimiento de la Escuela 92, la Provincia dispusiera el 6 de abril la reubicación de los niveles inicial y primario en tres establecimientos educativos de la ciudad.
En ese momento, desde el Gobierno provincial se había asumido el compromiso de disponer un servicio de transporte para los estudiantes que lo necesitaran. A partir de esa decisión, unos 160 alumnos fueron registrados como usuarios del servicio, pero, según plantearon las familias, la prestación nunca llegó a implementarse.
Ahora, con el reconocimiento judicial del derecho al transporte, las familias buscarán que la medida alcance a la totalidad de los estudiantes que fueron reubicados y necesitan trasladarse diariamente a sus nuevas escuelas.
