Luego del hallazgo de chats mezquinos y desoladores de sus médicos y su entorno, luego de decenas de conversaciones negligentes de quienes tenían que salvarle la vida y hoy esperan su turno para ser llamados a indagatoria acusados de dejarlo morir en un insólito expediente por homicidio culposo, falta una voz. La Justicia de San Isidro no sabe cuál fue, literalmente, la última palabra de Diego, el último chat que envió el jugador más grande de todos los tiempos antes de su muerte. Ahora, los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, bajo la dirección del fiscal general John Broyad, van por esa respuesta.
Según confirmaron altas fuentes del expediente, dos smartphones se encuentran bajo estricta vigilancia en la Fiscalía General de San Isidro, uno de color gris, otro negro: son los aparatos de Diego encontrados en su habitación del country San Andrés, en medio de su deficiente internación domiciliaria. Los fiscales todavía esperan la luz verde de peritos y analistas para realizar la extracción forense de sus contenidos y así analizarlos.
Haber esperado dos meses para realizarlo tiene una ventaja comparativa. “Hoy sabemos todo lo que sabemos”, dice un investigador. El análisis de los contenidos, así, apuntará a si Diego expresaba preocupaciones por su salud, si pedía ayuda, si efectivamente hablaba del tema y con quiénes, si realizaba reclamos y si los dirigía, específicamente, al neurocirujano Leopoldo Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Leopoldo Díaz, o ver si por lo menos tenía un diálogo con ellos.
Hoy Luque y Cosachov, son los principales acusados que tiene la causa.
Tres nuevos imputados
Los tres nuevos imputados, que se suman al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, son el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros de la empresa «Medidom» Ricardo Omar Almirón, quien lo cuidó en el tuno noche/madrugada, y Gisella Madrid, quien lo hizo en el turno mañana. Según explicaron fuentes ligadas al expediente, para el equipo de investigadores coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos Cosme Iribarren y Patricio Ferrari y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, los tres pudieron haber tenido «por acción o negligencia» algún grado de responsabilidad en un eventual «homicidio culposo».
Los fiscales dispusieron que los tres quedaran relevados del juramento de decir verdad, ya que comenzaran a ser investigados como imputados, y fijaron audiencia para que el viernes 12 se presenten en la Fiscalía General de San Isidro para labrar el acta correspondiente y designar abogados.
