Una mujer camina por una calle de Cusco, una de las regiones de Perú con mayor índice de violencia de género, donde 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de estos ataques, por lo menos, una vez en su vida. Pero la violencia y la discriminación que sufren los pueblos originarios tienen un sustrato racista e institucional histórico, como lo ha reconocido este mes la Justicia al abrir un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzosas llevadas a cabo durante 1996 y 2000. Bajo el segundo mandato de Fujimori, 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno. El Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem) concluyó que sólo el 10% de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel período dieron su “consentimiento genuino”, mediante el chantaje, la amenaza y el engaño.
