La Cámara de Diputados de la provincia aprobó la semana pasada la reforma electoral que permitirá que los comicios sean el 30 de julio y el 24 de septiembre. El debate pasará esta semana por el Senado, mientras el peronismo se rearma ante el renunciamiento electoral de la Vicepresidenta y las expectativas económicas.
Por Mariano Osuna
Como anticipó Punto y Seguido, la columna política de los domingos de LA CALLE, entre las distintas estrategias electorales en la mesa chica de Casa Gris, la opción principal era el desdoblamiento con el calendario nacional, aunque con matices respecto a las fechas definidas por Ley. En la columna de la semana pasada, anticipamos que el Gobierno nacional, especialmente el gabinete económico, tiene como horizonte al mes de marzo como plazo definitivo en la batalla contra el proceso inflacionario y en la búsqueda de cambios del humor social vinculado al poder adquisitivo. También advertimos que la normativa provincial actual, luego de las modificaciones introducidas mediante la Ley Nº10.615 aprobada en 2018, estipulaba como fecha final al 12 de enero para la decisión gubernamental sobre el desacople o la simultaneidad de los comicios.
La posibilidad de desdoblamiento en esos términos había sido descartada hace semanas ya que el cronograma concertado por Ley fija las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las Generales para los segundos domingos de abril y de junio respectivamente. Con el factor económico como determinante, además de las propias características de la situación del Frente de Todos a nivel nacional y de las incertidumbres del peronismo entrerriano, la limitación sobre la decisión para enero dificultaba la selección de la mejor estrategia para afrontar la votación del año próximo. Si la separación del calendario nacional y provincial, en los términos de la reforma efectuada hace cuatro años, era una opción desechada, tampoco había chances de coincidencia de los comicios.
El borrador que empezó a circular hace unas semanas intentaba dar certezas a este laberinto, considerando que es imposible determinar en estos 30 días restantes una estrategia cuando es una incógnita las referencias, los plazos y las candidaturas en el orden nacional y en el tablero local. Sin fechas todavía en ese momento, el objetivo era demorar, en concordancia con los tiempos nacionales, esa decisión sobre desdoblamiento o simultaneidad de los comicios, con el propósito además de dar otros plazos al propio escenario provincial.
Media sanción
La Cámara de Diputados consiguió los dos tercios de votos necesarios para la sanción sobre tablas de la iniciativa que modificó las opciones del calendario electoral y que dilatará esa definición. El proyecto, que durante esta semana será debatido por el Senado provincial, obtuvo el acompañamiento del bloque de Juntos por el Cambio que responde al precandidato a gobernador y actual legislador nacional Rogelio Frigerio. Solamente rechazaron la propuesta los radicales Gustavo Cusinato, Lucía Varisco y Julián Maneiro, que quedaron dentro de la estructura que
promueve la precandidatura del intendente en licencia de Chajarí y diputado nacional Pedro Galimberti.
El texto aprobado el martes pasado altera el Artículo 2º de la Ley Nº 9659 y establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de elección del desacople o la coincidencia de las votaciones hasta 150 días antes de los comicios generales. Además, precisa que, en el caso de disociar las fechas, las PASO se efectuarán el último domingo de julio (30/07) y la segunda instancia se realizará el último domingo de septiembre (24/09). Esas modificatorias corren el vencimiento de esa resolución del 12 de enero al 27 de abril, dando un plazo que contempla ese horizonte de marzo respecto a las expectativas sobre la economía.
En el debate en el recinto, el legislador Juan Navarro, miembro informante del Frente Creer, defendió el proyecto y argumentó que entraron “en un año de elecciones” y que por eso el cambio de cronograma responde a “priorizar cuestiones gubernamentales y las gestiones en todos los niveles”. Horas después de su media sanción, el gobernador Gustavo Bordet destacó que “no hay ningún tipo de sorpresas. No queremos generar ningún tipo de dudas sobre el cronograma electoral”. Agregó que se quiere reglas claras “para que haya transparencia democrática y para que los entrerrianos y entrerrianas puedan manifestarse en las urnas y elegir con total libertad a quien mejor los represente”. En la otra vereda, Galimberti, tal vez la única voz opositora que reclamaba certidumbre sobre las reglas de juego, cuestionó la reforma y explicó que en realidad “el Gobernador dilata una definición porque el peronismo no tiene un candidato consolidado y competitivo”. En esa línea, agregó que la iniciativa “no brinda ninguna de las certezas que venimos reclamando hace tiempo. Sólo disipa dudas sobre el método electoral, pero mantiene la ambigüedad sobre el cronograma”.
Economía y judicialización de la política
La próxima semana, luego del fin de semana extra largo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre, donde el Gobierno nacional especula con números inferiores, en materia de suba de precios, a los conocidos desde el mes de julio, que siempre estuvieron por encima del 6%. De confirmarse esos porcentajes, por debajo de ese piso de los últimos meses, será el momento bisagra en la principal deuda pendiente de la gestión del tigrense Sergio Massa en el Ministerio de Economía de la Nación.
Los resultados económicos aparecen como la única posibilidad del oficialismo nacional de encaminar un momento político crítico, con una brújula perdida entre la disputa con el Poder Judicial, la parálisis del Consejo de la Magistratura, el bloqueo opositor en el Congreso, la condena en primera instancia del juicio conocido como Vialidad y el renunciamiento de la Vicepresidenta a candidaturas para el año que viene.
Buscando un hilo conductor, el jueves 16 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, aprobada por el Congreso Nacional en 2006. Aquélla norma estableció, entre otras modificatorias, la reducción de sus integrantes de 20 a 13 y sacó de la presidencia del cuerpo al máximo tribunal judicial. Quince años después, fuera de todos los antecedentes en esta materia, la Corte falló sobre este tema y argumentó que la nueva composición “no respetó el equilibrio entre los diferentes sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados”. Allí se abrió una herida ya existente por la propia composición del tribunal, con cuatro jueces, todos varones, y dos de ellos, que actualmente son presidente y vicepresidente de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, puestos por decreto durante la administración de Mauricio Macri. En aquel fallo de hace un año, se solicitó al Poder Legislativo que avance en un nuevo texto en los próximos 120 días, que no tuvo posibilidades de acuerdo ya que en Diputados existe un empate técnico donde tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio requieren de 11 o 12 bancas de partidos minoritarios o provinciales para llegar al quórum, fijado en 129 votos. A eso sumarle la judicialización de los lugares que representan a los distintos bloques de ambas cámaras del Congreso nacional en el Consejo de la Magistratura, donde hay fallos cruzados por las respectivas designaciones.
Ese contexto terminó de implosionar la sesión del 1 de diciembre, cuando se iba a desarrollar una instancia preparatoria para ratificar las autoridades del cuerpo y luego la sesión especial con diferentes dictámenes y ejes temáticos, entre los que se encontraba la creación y nacionalización de ocho unidades académicas, entre ellas la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortíz, que se creará sobre la base de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), con sedes en La Histórica, Paraná, Concordia, Federación y Gualeguaychú. Aunque las acusaciones cruzadas tuvieron como eje cuestiones reglamentarias, en el fondo el debate estaba atravesado por la decisión de Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara, de dejar en suspenso las designaciones establecidas en la Resolución 1.608/2022 hasta que se defina el fallo del juez Martín Cormick respecto a la situación de la legisladora opositora Roxana Reyes. Vale recordar que el Poder Judicial rechazó las designaciones del Senado por entender que los bloques “Frente Nacional y Popular” y “Unidad Ciudadana” tienen la misma procedencia de representación política. Lo mismo ocurrió en la Cámara Baja pero con los partidos Propuesta Republicana (PRO) y Unión Cívica Radical (UCR), con lo cual se encuentra en dudas el lugar de Reyes, como pasa con el senador Martín Doñate. Moreau apeló el fallo, en línea con la postura oficialista en la Cámara Alta, pero mientras suspendió las designaciones, lo que trajo el enojo opositor que bloqueó el desarrollo de la sesión hasta conseguir su suspensión definitiva, en colaboración con los escaños del Interbloque Federal y del Frente de Izquierda Unidad, que se levantaron de sus sillas y dejaron sin quórum al Frente de Todos.
En conferencia de prensa, realizada luego de la condena a Cristina Fernández a seis años por la causa Vialidad, integrantes de ambas Cámaras del oficialismo exigieron a la Corte que solucione la parálisis del Consejo de la Magistratura, ya que entienden que luego del fallo inédito de inconstitucionalidad abrieron una crisis institucional sin precedentes. En esa misma rueda ante los medios, solicitaron formalmente una reunión con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, para encontrar una resolución política al grave contexto que se vivencia.
Factor Cristina
Luego de la lectura del fallo del Tribunal Oral Federal Nº2, la Vicepresidenta realizó declaraciones por su canal de YouTube, donde apuntó a las irregularidades del debido proceso y a la persecución sufrida pero dejó definiciones políticas en materia electoral. “Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015. No voy a someter a mi fuerza política a que la maltraten por una candidata condenada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa. Eso sí, siempre y cuando a algún Caputo de la vida no se le ocurra financiar alguna banda de marginales para que me peguen un tiro, que eso es lo que quieren. Presa o muerta», apuntó la ex Presidenta.
Esa misma noche, en el complejo recreativo de Punta Lara de Ensenada, mantuvo un encuentro con intendentes, funcionarios y dirigentes del peronismo bonaerense donde ratificó su renuncia a posibles candidaturas. “Tomen el bastón de mariscal, militen, hagan política y salgan a la cancha para defender el proyecto nacional y popular», les dijo la Vicepresidenta. Aunque en los días posteriores se multiplicaron los intentos de convencerla de lo contrario, la noticia terminó transformando la composición y las estrategias del Frente de Todos. Sin Cristina Fernández en la danza de nombres y con la imagen deteriorada del presidente Alberto Fernández, las miradas vuelven a estar puestas en el desenlace económico y la capacidad de gestión de Massa, el único con vuelo y capital político propio pero sin capacidad de síntesis de las distintas patas de la coalición oficialista. Allí aparecen también nombres de gobernadores y ministros nacionales, aunque ninguno con la explosión y el conocimiento nacional que traduzca esas intenciones en una opción competitiva. En ese debate también está el peronismo entrerriano, a la espera del debate nacional pero con las propias dudas sobre candidaturas que contengan la fuerza de revertir los pronósticos de todas las encuestas sobre el devenir provincial. El plazo hasta abril del calendario electoral abre las puertas para profundizar esas discusiones y analizar la mejor opción. Mientras, la pelota y la lapicera siguen estando en el mismo lugar.
