La Defensoría del Pueblo de la Nación participó de la audiencia pública, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Energas), con el objeto de tratar los resultados de la Revisión Tarifaria Quinquenal, que se desarrolló de manera virtual.
El debate abordó, por un lado, la revisión quinquenal de tarifas de transporte y distribución de gas y, por otro, la metodología de ajuste periódico de las tarifas en ambos conceptos.
También trató la modificación del reglamento de servicio de distribución en relación con los conceptos vinculados a la facultad de corte de servicio por falta de pago.
Las propuestas, que enviaron las compañías al Enargas, previamente buscan que se les autorice un aumento de tarifas en torno al 45%, lo que se traduce en un impacto en las boletas finales de los usuarios del 15%.
La Defensoría nacional consideró que los usuarios del servicio deben tener certeza y horizonte normativo y por el momento se desconoce cuál sería el impacto para el usuario porque las empresas presentaron un cuadro tarifario (CT) sin incluir el precio del gas, la tarifa de transporte y los impuestos y tasas”.
Para definir incrementos tarifarios deben contemplarse las circunstancias socio económicas de nuestro país. En una relación tripartita entre Estado, prestadores y usuarios, existen relaciones básicas que deben ser resguardadas en su justo equilibrio. Los usuarios son los que están en mayor desventaja.
Establecer nuevos incrementos tarifarios implica analizar si los usuarios están en condiciones de soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes.
De la audiencia participó Mariana Grosso, jefa del Área de Usuarios del Defensor del Pueblo de la Nación, quien afirmó que “por el momento se desconoce cuál será el monto que abonarán los usuarios (gas +transporte +distribución + impuestos y tasas). Por lo que el Ente Regulador debe evaluar si la factura final del usuario (incluidos tasas e impuestos) resultará razonable y si resultará asequible. Otra solución, será contraria a derecho”.
Agregó que “como siempre sostuvimos, toda modificación en las tarifas del servicio de gas no debe resultar en una mera variable económica, pues deben contemplarse otros criterios para no afectar derechos esenciales, brindando, siempre y a todas las partes, un horizonte de certeza”.
