Los países que lograron competir en el mundo no lo hicieron abaratando salarios ni esperando que el mercado resolviera solo. Combinaron precios relativos correctos, redes productivas densas y un Estado capaz de exigir resultados.
La advertencia de Stellantis sobre el posible cierre de sus plantas puso sobre la mesa una pregunta que la Argentina posterga hace décadas: ¿cómo se construye una economía capaz de competir? El debate suele quedar atrapado entre dos respuestas simplificadas. Una sostiene que basta con abrir y bajar costos; la otra, que alcanza con proteger. La experiencia internacional muestra que ninguna de las dos funciona por sí sola.
Qué es, en verdad, ser competitivo
Michael Porter, profesor de Harvard, lo planteó con claridad en La ventaja competitiva de las naciones: la competitividad de un país no es otra cosa que su productividad. No compiten las naciones sino sus empresas, pero lo hacen dentro de un entorno —calidad de los factores, exigencia de la demanda, red de proveedores e industrias conexas, intensidad de la competencia— que puede potenciarlas o hundirlas. Un salario bajo o una moneda débil pueden dar una ventaja transitoria; la productividad es la única que perdura.
Ese entorno no surge espontáneamente. Robert Wade, al estudiar el ascenso de Taiwán, lo describió como un «mercado gobernado»: el Estado no reemplazó al mercado, sino que orientó la inversión hacia sectores con potencial de aprendizaje y escala. Peter Evans completó el razonamiento con su noción de «autonomía enraizada»: los Estados eficaces son los que mantienen vínculos estrechos con el sector productivo para conocer sus problemas, pero conservan la independencia suficiente para no quedar capturados por él.
Lo que enseñan los casos internacionales
Corea del Sur ofrece el ejemplo más citado. Durante su industrialización, el crédito subsidiado y los beneficios fiscales no se otorgaban a cambio de nada: se condicionaban a metas de exportación verificables, revisadas periódicamente en reuniones encabezadas por la máxima autoridad política. La empresa que no cumplía perdía el apoyo. El incentivo tenía una contraparte: la disciplina.
Taiwán eligió otro camino complementario. En 1973 creó el Instituto de Investigación en Tecnología Industrial (ITRI), una agencia pública que adquiría, adaptaba y transfería tecnología a empresas locales. De esa institución surgieron compañías como UMC y TSMC, hoy líder mundial en semiconductores. El Estado asumió el riesgo del aprendizaje que ninguna firma privada podía asumir sola.
Irlanda y la República Checa resolvieron un problema muy parecido al que hoy enfrenta la Argentina: cómo evitar que la inversión extranjera se limite a ensamblar partes importadas. Irlanda lanzó en 1985 su Programa Nacional de Encadenamientos, que conectaba a las multinacionales con proveedores locales y financiaba su mejora técnica. La agencia CzechInvest replicó la idea con un programa de desarrollo de proveedores que permitió a empresas checas integrarse a las cadenas automotrices europeas. En ambos casos, atraer inversión fue apenas el primer paso; lo decisivo fue que echara raíces.
Tres medidas para la Argentina actual
La primera es un ancla real, no solo nominal. Ningún programa productivo resiste un tipo de cambio que encarece en dólares todo lo que se fabrica en el país. Un régimen que procure un tipo de cambio real competitivo y estable, apoyado en acumulación de reservas y herramientas macroprudenciales, es la condición previa de cualquier estrategia. Sin precios relativos correctos, el resto es esfuerzo perdido.
La segunda es un programa nacional de desarrollo de proveedores atado a la inversión. Los grandes proyectos que hoy reciben incentivos —en energía, minería o industria— podrían comprometer metas graduales de contratación local, acompañadas por una agencia técnica que certifique calidad y financie la reconversión de pymes. Es la lección irlandesa y checa: la inversión que no genera red se va cuando cambia el viento.
La tercera es incentivos con reciprocidad. El crédito de reconversión y los beneficios fiscales deberían otorgarse contra metas medibles de exportación, productividad o empleo calificado, con plazos de vencimiento y evaluación pública de resultados. Es la enseñanza coreana: el apoyo estatal sin disciplina degenera en renta; con disciplina, se convierte en capacidad productiva.
El rol del Estado
Ninguna de estas experiencias muestra un Estado empresario que reemplaza al sector privado, ni un Estado ausente que se limita a garantizar el orden macroeconómico. Muestra un Estado coordinador: que corrige precios relativos, reduce los costos de aprender, conecta eslabones dispersos y exige resultados a cambio de cada incentivo.
La Argentina tiene recursos, talento técnico y una base industrial que, aunque castigada, todavía existe. Lo que le falta es una arquitectura que convierta esas ventajas en productividad. La estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no suficiente: estabilizar la nominalidad es un punto de partida, no un destino. La competitividad no se decreta ni se importa. Se construye, y su construcción requiere un Estado con capacidad, reglas claras y la voluntad de sostener la estrategia más allá de un ciclo electoral.
(*) Economista | CEO de Netia Group
