La CGT cargó contra los jueces que devolvieron la vigencia a más de 80 artículos de la reforma laboral, pero el sindicalismo de escritorio que no llamó a un paro general cuando la ley aún se discutía hoy se muestra impotente para frenar un ajuste que ya está en marcha.
La Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, integrada por María Dora González y Víctor Arturo Pesino, levantó el efecto suspensivo de la cautelar que hasta ahora frenaba la reforma laboral. La decisión dejó sin efecto el amparo que el juez Raúl Ojeda había otorgado a partir de una presentación de la central obrera. El comunicado del Consejo Directivo calificó el fallo como «impropio de un Tribunal de trabajo» y advirtió que expone «al desamparo a millones de trabajadoras y trabajadores argentinos».
El documento tiene un párrafo que, leído con atención, funciona como una confesión involuntaria: los camaristas optaron «claramente en contra del trabajador desconociendo el carácter preventivo de la cautelar para consolidar los aspectos dañosos de la ley». La pregunta que la CGT no responde es por qué no actuó con ese mismo celo preventivo cuando la ley se discutía en el Congreso y podía ser frenada con la herramienta más poderosa que tiene el movimiento obrero: el paro general.
La dirigencia cegetista eligió judicializar el conflicto en lugar de convocar a una medida de fuerza contundente cuando todavía no se había promulgado la norma. Ahora, con la reforma vigente, emite comunicados y promete «continuar su lucha en defensa de los derechos laborales con la Constitución en la mano y la justicia social como bandera». Pero las banderas no alcanzan cuando los hechos ya están consumados.
Este jueves, el sindicalista Sergio Palazzo deslizó que el camarista Pesino tal vez se pronunció por la vigencia de la reforma «porque es inminente su jubilación» y advirtió: «no sea cosa que ahora lo veamos pidiendo al Congreso extenderle cinco años más su mandato». La misma suspicacia que el gremialista aplica al magistrado podría aplicarse a una conducción sindical que evitó el conflicto frontal con el Gobierno y que ahora anuncia una movilización para el Día del Trabajador como si convocar a Plaza de Mayo eximiera de responsabilidad por lo que no se hizo a tiempo.
Mientras la reforma laboral avanza y los trabajadores pierden derechos, la CGT discute el tono de sus comunicados y organiza actos. La representación sindical que debió haber plantado bandera antes de la promulgación se convirtió en una maquinaria de reacciones tardías. La justicia social como bandera es un eslogan vacío cuando quienes la enarbolan no estuvieron a la altura cuando había que dar la pelea de verdad.
