La Cámara de Casación Penal decidió sobreseer a Dolores Etchevehere y al abogado Facundo Taboada, quienes habían sido acusados de usurpación por haber ingresado en la estancia Casa Nueva, en El Quebracho, cerca de Santa Elena, en octubre de 2020, acompañados del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois.
La denuncia había sido presentada por la propia familia de Etchevehere: su madre, Leonor Barbero Marcial, y sus hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere. En mayo de este año, el juez Gervasio Labriola ya había absuelto a ambos, y ahora la Cámara de Casación ratificó su decisión de sobreseimiento, señalando que «los plazos de prescripción de la acción penal han expirado para Dolores Etchevehere y Facundo Taboada», extinguiendo así la acusación por el delito de usurpación.
El caso comenzó con un incidente ocurrido el 15 de octubre de 2020, cuando Dolores Etchevehere y Taboada, junto a militantes del MTE, ingresaron a la estancia Casa Nueva, propiedad de la empresa Las Margaritas SA, dirigida por la madre de Dolores. La situación había sido ampliamente cubierto por los medios nacionales en su momento, pero el juicio por usurpación pasó casi desapercibido en la prensa. La denuncia inicial fue presentada tras un fallo que ordenó el desalojo con el uso de la fuerza pública, dictado por la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, María Carolina Castagno.
El conflicto también involucró a la familia Etchevehere, pues Dolores, la menor del clan, fue acusada de usurpación tras la incursión en la estancia familiar, que anteriormente había pertenecido a su padre, Luis Félix Etchevehere, fallecido en 2009. Dolores defendió su acción argumentando derechos hereditarios sobre la propiedad.
La justicia había rechazado, en 2023, un recurso presentado por Dolores Etchevehere contra la decisión del Ministerio Público Fiscal de mantener la acusación. Sin embargo, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia dictaminó que no existía ninguna vulneración de derechos constitucionales que justificara el reclamo de su defensa.
El Ministerio Público Fiscal había sostenido que, durante la toma, Etchevehere y Taboada, acompañados de los militantes, exigieron las llaves del acceso a la casa principal de la estancia a la empleada Ramona Rodríguez. En caso de negativa, según la acusación, habrían amenazado a la trabajadora con que debía abandonar el lugar en pocos minutos, para luego ingresar a su vivienda y tomar un grupo de llaves que estaban colgadas en el comedor.
A pesar de la cobertura mediática en su momento, este caso terminó siendo un hecho aislado en cuanto a su seguimiento judicial, con la resolución final del sobreseimiento de ambos acusados por parte de la Cámara de Casación Penal.
Sobreseimiento Dolores Etchevehere
