La contadora dijo ante el Tribunal de Juicio por presuntos hechos de corrupción, que en los 70 expedientes que la Fiscalía pidió analizar no encontró observaciones de la Contaduría General.
Romina Stepanic Pouey realizó como funcionaria de la Contaduría General un informe sobre 70 expedientes de publicidad que la acusación tenía bajo la lupa por supuestas irregularidades. Su conclusión fue: “No pudimos constatar observaciones formuladas conforme a lo pedido por Fiscalía”. Así lo afirmó este martes ante el Tribunal de Juicio integrado por José Luis Chemes; Elvio Garzón y Carolina Castagno.
Del total de expedientes que tuvo bajo análisis, reconoció haber encontrado sólo uno que no tenía la intervención previa al pago de la Contaduría General y que no se contaba con orden de pago. Esto entró en contradicción con el informe que realizó Héctor Enrique, el expolicía que trabaja para el Ministerio Público Fiscal, quien en su escrito afirmó que sí se había registrado la orden de la Contaduría
Este contrapunto generó una disputa entre la acusación y la defensa. El abogado Miguel Cullen quiso preguntar sobre esta inconsistencia. Pero la fiscal Patricia Yedro intentó evitar que Stepanic Pouey dejara en evidencia a Enrique. El Tribunal terminó habilitando el interrogatorio que dejó expuesta otra endeblez del documento elaborado por el integrante del Gabinete Contable de la Fiscalía.
Testimonio de Casaretto
A primera hora de la mañana declaró el actual diputado nacional Marcelo Casaretto (PJ), quien ocupó diversos cargos en la administración pública provincial en las últimas décadas.
En su extensa exposición, dejó algunos elementos claves para las defensas. En primer lugar, dijo que el parador de la playa La Perla en Mar del Plata fue una “acción de gobierno” y descartó que se trate de un acto proselitista. Sí reconoció que había una imagen del entonces Gobernador Urribarri en uno de los inflables y que se observaba en algunos puntos el logo de su sello de gestión.
Además, se le preguntó si se mencionó en alguna reunión de gabinete que hubiese existido cartelización de campaña publicitaria. “No. Que yo conozca no”, acotó.
Por último, consignó que el imputado Juan Pablo Aguilera participaba de las campañas publicitarias del peronismo al menos desde el año 1998. Y recordó una anécdota de cuando el cuñado del ex gobernador Urribarri volcó ese año a la salida de Maciá y debió asistirlo. Fiscalía acusa a Aguilera de ser el verdadero dueño de empresas a las señala como beneficiarias de la cartelización de publicidad en vía pública.